'Cuantos más seamos, más fuerza tendremos', coincidían esta tarde los representantes de varias asociaciones y plataformas de afectados por el incumplimiento de la Ley de Dependencia. La impotencia les ha llevado a constituirse como una plataforma estatal. La integran el Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, la veterana Plataforma de la Comunitat Valenciana, la de Alcorcón, Torrejón de Ardoz, la de Madrid, la Plataforma Dependencia Castilla-La Mancha y la de Jerez-Cádiz. Sus representantes han aprovechado la celebración del Congreso de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en Madrid, para presentarse. Esperan que en breve se les unan las plataformas de Canarias, Murcia y Catalunya.

'La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia nace de la demanda que está habiendo de plataformas y colectivos de CCAA ante la mala gestión en la aplicación de la Ley y la discriminación que sentimos respecto a otras autonomías, que sin considerar el color de sus gobiernos han demostrado que con voluntad política y las inversiones necesarias en servicios sociales, se puede aplicar correctamente la ley y atender adecuadamente a las personas en situación de dependencia', defienden. Los primeros esfuerzos de la plataforma se centrarán en luchar por los intereses de los dependientes de Castilla-La Mancha, a quienes la Junta les debe dos meses de prestación económica.

Por su parte, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, ha denunciado en su congreso anual el estancamiento de las ayudas. Un 30% de las personas con el derecho a una ayuda reconocido aún no la reciben. Algunas autonomías han dejado de dar ayudas. Aragón y el País Valencià incluso van rebajando el número de beneficiarios, al no reponer a los que fallecen.

Protestan ante la mala gestión en la aplicación de la Ley en algunas autonomías

El congreso de la asociación también sirvió para denunciar los recortes sociales, justo cuando más personas necesitan ayudas, y alertaron del aumento de población que está en riesgo de pobreza. Familias que nunca antes lo estuvieron. La situación se agrava cuando no pueden pagar ni la hipoteca, lo que les aboca a la exclusión social. Los profesionales proponen habilitar la figura de trabajadores sociales que medien entre los bancos y las familias. Proponen un cambio en la ley hipotecaria y la concursal, de forma que los jueces puedan paralizar durante un tiempo los desahucios con el compromiso de que las familias, supervisadas por los trabajadores sociales, podrán volver a pagar la hipoteca en ese tiempo.

El Consejo de Trabajadores Sociales está impulsando, junto a sindicatos y asociaciones de consumidores, entre otros, la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. Pretenden arrancar el compromiso de los partidos políticos de no recortar los servicios sociales hasta matarlos.