La Guardia Civil ha desarticulado, con la detención de 15 personas, una red que introducía inmigrantes en patera desde Marruecos hasta Cádiz, desde donde eran trasladados a pisos en Granada para ser explotados laboralmente en invernaderos, y que además aprovechaba los viajes para traficar con hachís.

A los detenidos en el marco de la operación Crucero se les imputan delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Desde el inicio de las investigaciones en enero han sido acreditados hasta diez traslados empleando embarcaciones tipo patera y neumática en las que llegaron a viajar entre 20 y 40 personas. En solo cuatro meses se calcula que trasladaron más de 150 personas, por lo que habrían recaudado unos 350.000 euros.

Además de los arrestos, se han practicado siete registros domiciliarios en las provincias de Granada, Madrid, Murcia y Albacete, y en los que se ha intervenido numerosa documentación.

En concreto, pasaportes, certificados de empadronamiento preparados para su venta y dispositivos informáticos, que serán objeto de análisis pormenorizado por parte de los investigadores.

Doble estructura: Marruecos-Cádiz

Las investigaciones comenzaron a raíz de la llegada de varias pateras a las costas próximas a Barbate (Cádiz), que llevo a los agentes a realizar un estudio detallado de la frecuencia de las llegadas y otras circunstancias, que permitió identificar a uno de los encargados de recoger a los inmigrantes a su llegada. A partir de ahí se consiguió determinar que la red estaba dividida en dos estructuras.

Una, ubicada en Marruecos, encargada captar individuos dispuestos a realizar el viaje y de preparar las pateras con las que se realiza el desplazamiento, sin ninguna medida de seguridad.

Los miembros de la organización establecían las salidas después de concentrar un número suficiente de personas y se realizaban normalmente de noche, teniendo el viaje una duración de unas 14 horas.

Los puntos de llegada eran playas gaditanas próximas a Barbate o Bolonia y en el momento previo a la salida se les entregaban tarjetas españolas de telefonía para contactar con los individuos que los recogerían.

La otra parte de la red estaba en España y se encargaba de la recepción de los inmigrantes, a los que daban instrucciones para ocultarse en zonas boscosas hasta que fueran a recogerles. Después eran trasladados a pisos "seguros", ubicados en localidades granadinas como Motril, La Rábita y alrededores.

Retenidos en casas y obligados a pagar más dinero

Una vez en estas viviendas se les exigía un segundo pago, no pactado previamente, para poder abandonarlas, y cobraban la deuda a los propios inmigrantes o a sus familias en Marruecos.

Algunos traslados se realizaron bajo condiciones de la mar muy precarias y con nulas medidas de seguridad, poniendo en grave riesgo la vida de los inmigrantes, entre ellos menores.

En este sentido la información obtenida ha permitido actuar preventivamente, siendo trasladada al Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil (CECORVIGMAR), que coordinó varios rescates de embarcaciones que habían sido enviadas por esta red.

Varios de sus miembros aprovechaban además el envío de pateras a España para introducir hachís, llegando en algunos casos a exigir a los inmigrantes que transportaran con ellos cantidades de droga que serían recogidas a su llegada a la costa. Los agentes intervinieron 140 kilos de hachís en una de las llegadas de estas embarcaciones.

Los registros domiciliarios han permitido también determinar que varias viviendas eran utilizadas también como casas-patera, donde hacinaban a los inmigrantes.

Así fueron localizados 27 de ellos en situación irregular, varios de ellos menores de edad no acompañados, y a los que se somete normalmente a explotación laboral en invernaderos de la zona.

A todo esto se añade que otros integrantes se encargaban de facilitar el empadronamiento a esos inmigrantes a cambio de hasta 300 euros.

Se han detectado centenares de empadronamientos fraudulentos en diversas localidades de la comarca, llegando a estar empadronadas 16 personas en un mismo domicilio.

Explotados en invernaderos

Varios de los ahora detenidos no son miembros de la organización criminal investigada, sino que son propietarios o gestores de los invernaderos en los que trabajan inmigrantes en situación irregular, sin ningún tipo de contrato laboral y omitiendo las responsabilidades debidas en materia de cotizaciones.

La investigación, llevada a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil y que se ha desarrollado bajo la supervisión y dirección del Juzgado mixto nº 3 de Motril (Granada), continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. El Instituto Armado insiste en el "fluido intercambio de información en tiempo real" con las autoridades marroquíes, clave para la operación.