Abría un asilo, lo pillaban sin autorización, lo cerraba y abría otro. Y vuelta a empezar. Ese ha sido el modus operandi de M.R.S, de 59 años, hasta hace dos días, cuando finalmente fue detenido, junto a su pareja, R.B.N, de 48, por un presunto delito de maltrato a 14 ancianos en su última residencia ilegal, un chalet en un polígono industrial en La Rinconada (Sevilla).

Según la Guardia Civil, los ancianos, a quienes les controlaban supuestamente el dinero, eran 'tratados como cosas, no como personas'. Además, recibían una mala alimentación, carecían de cuidados higiénico-sanitarios y eran medicados sin control alguno, con una administración abusiva de fármacos.

Una mujer, ya enferma, tuvo que ser ingresada en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla ante el riesgo de que empeorara gravemente su estado de salud. Los demás ancianos fueron trasladados a dos residencias gestionadas por la Junta de Andalucía. En el chalet había varios cuidadores y la Guardia Civil, que no descarta nuevas detenciones, intenta ahora localizar a los familiares de los mayores.

Según señaló la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, la fiscalía puede imputar a sus familias algún tipo de responsabilidad subsidiaria, informa Europa Press. 'Es difícil que un padre denuncie a sus hijos por desatención', afirmó Navarro, que insistió en que los familiares, antes de dejar a una persona en alguna residencia, se deben cerciorar de que el centro posee acreditación de la Junta de Andalucía y que cumple con los requisitos exigidos.

La voz de alarma llegó a través de dos llamadas anónimas una en noviembre y otra en diciembre al Teléfono de Atención a las Personas Mayores, dependiente de la consejería, en las que se avisaba de que en una casa en Carmona (Sevilla) una de las residencias piratas de los dos detenidos se maltrataba supuestamente a los ancianos.

Igualdad puso entonces el caso en manos de la fiscalía, y la Guardia Civil comenzó con las investigaciones. Tras encontrarse la casa vacía, los agentes lograron localizar la nueva ubicación, el chalet, donde finalmente ha culminado la denominada operación Yayo. La Junta subrayó este miércoles la necesidad de sacar a la luz estos maltratos.

El Teléfono de Atención a las personas Mayores (900 858 381) recibió 5.322 llamadas en 2009. De ellas, el 24% denunciaba situaciones de presuntos malos tratos, 238 más que en 2008. La mayoría las realizaron personas que prefirieron guardar el anonimato, el 18% era familiar de las víctimas, el 17% no tenía ningún parentesco, y el 14% las efectuaron los propios afectados.