Las autonomías deben a los principales proveedores sanitarios laboratorios y distribuidores de tecnología y material hospitalario unos 10.000 millones de euros. Esta deuda, a la que habría que sumar el déficit endémico causado por la infrafinanciación del sistema, de más de 2.000 millones anuales, ha cobrado relevancia recientemente por la crisis, pero se originó en tiempos de vacas gordas.

Entonces, autonomías y proveedores pactaron retrasar el pago de facturas a cambio de intereses, según explican diversos expertos en economía de la salud. Por eso, la deuda se arrastra y va en aumento, engordando el problema de la sostenibilidad de la sanidad pública, que contando deuda y déficit se enfrenta a unos números rojos totales de unos 15.000 millones, aunque no existe una cifra exacta.

Mediante los citados acuerdos las autonomías aumentaron, de facto, su presupuesto, mientras que los proveedores evitaron tener stock y trataron de asegurarse ingresos con un margen de beneficio más elevado, aunque llegaran más tarde. 'Me pagas más tarde y a cambio yo te pongo un precio superior al competitivo, que incluye un coste discrecional de demora', resume el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas.

'Estas prácticas eran una burla al Parlamento', dice López Casasnovas

Así, el gasto de las autonomías superaba con creces lo presupuestado y aumentaba la deuda. 'Estas prácticas eran una burla al Parlamento, ya que los presupuestos que aprobaban se sabía que en la realidad no se cumplirían', añade López Casasnovas.

'El problema es indiferente a la crisis, se trata de un incumplimiento de la ley presupuestaria', remarca Pere Ibern, profesor de la Barcelona Graduate School of Economics. Lo peor, destaca, es que los sucesivos gobiernos, independientemente del partido al que pertenezcan, aceptan la situación. Por ejemplo, el Informe para el análisis del gasto sanitario, que encargaron en 2005 los ministerios de Economía y Sanidad, detectó un déficit acumulado de 6.036 millones de euros en el periodo de 1999 a 2003. Se sanearon las cuentas y ninguna rutina cambió. 'No existen herramientas que hagan que se controle la ejecución y cumplimiento del presupuesto', asegura Ibern.

Sanidad insta a las autonomías a pagar la deuda con el ahorro farmacéutico

Esta situación ha llevado a las autonomías a agotar mucho antes de que acabase el año el presupuesto aprobado en enero para todo el ejercicio. Periódicamente, al ir saneando las cuentas, el Estado se ha dado por enterado de esta perversión del sistema, pero 'se ha ido lavando las manos de forma abusiva, al tener posiblemente mala conciencia por financiar insuficientemente la sanidad autonómica', reconoce López Casasnovas.

'La deuda es de las autonomías, pero eso no quiere decir que no nos preocupe', defiende por su parte el que fuera hasta el pasado 14 de octubre secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. Y destaca las políticas llevadas a cabo por el Gobierno para disminuir el gasto sanitario, como la rebaja del precio de los medicamentos genéricos o la prescripción por principio activo. De hecho, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, instó ayer a las comunidades a emplear el ahorro de más de 2.000 millones que van a tener por la prescripción por principio activo, que entró en vigor ayer, para 'pagar a los proveedores y garantizar las prestaciones'.

En cualquier caso, Martínez Olmos reconoce la complejidad de elaborar los presupuestos. 'Es difícil hacerlos de diciembre de un año hasta diciembre del año siguiente, por eso siempre ha habido déficit estructural y deudas a proveedores', explica.

La crisis ha puesto contra las cuerdas a autonomías y proveedores. Las primeras no tienen tesorería para pagar a quienes les suministran y los segundos no pueden alargar la deuda como antes porque no tienen liquidez y necesitan ingresos; temen no recuperar su dinero. 'Este pánico responde a la falta de transparencia y ciertas corruptelas que se generaron en épocas de vacas gordas', sentencia López Casasnovas.

La opacidad en la gestión sanitaria cobra en este asunto un protagonismo especial, como denuncian los expertos. López Casasnovas pone un ejemplo de solución: 'Para acabar con esta opacidad, se podría haber establecido que serían nulas de pleno derecho todas aquellas facturas no validadas por algún responsable público'.

Por su parte, el profesor de Economía de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha Álvaro Hidalgo asegura que es prácticamente imposible saber a qué precio compran los hospitales los fármacos y la tecnología sanitaria. 'Hay concursos públicos, para comprar la tecnología, pero luego se aplican ofertas. En cuanto a los laboratorios, cada uno aplica un descuento', denuncia. 'Incluso en la misma comunidad, a veces hay mucha diferencia entre el precio al que compran los hospitales los fármacos. Algunos incluso pagan menos que los que los adquieren con una central de compras, a priori, la vía más barata', añade.

Hidalgo asegura que aunque ahora la gestión sanitaria se optimizara, para solucionar la deuda adquirida en el pasado, 'se necesitaría más financiación'. 'El problema básico del Sistema Nacional de Salud no es de sostenibilidad, si no de viabilidad, de caja', recalca.

La opacidad de las cuentas dificulta solucionar el problema

El pago de las autonomías se efectúa con una media de 410 días de retraso a los laboratorios, según la patronal del sector, Farmaindustria, y 415 en el caso de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). 'Desde hace 20 años se paga con retraso, es un problema endémico, pero la crisis lo ha agravado', reconoce la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel. 'Ahora somos más críticos porque las empresas no tienen crédito para sostener esta situación de impagos', denuncia. Alfonsel explica que están dispuestos a renunciar a parte de los intereses a cambio de que se produzca el ingreso. 'Pero las administraciones no ponen en marcha estas medidas; el panorama es desolador', asegura.

Además, si bien la deuda ya era endémica en los dos grandes sectores que proveen a los hospitales, la crisis ha empujado a la quiebra a las farmacias de Castilla-La Mancha, Balears y La Rioja, que sufren el impago de sus autonomías.

El caso más grave es el de los boticarios de Castilla-La Mancha, que dejaron de cobrar en cuanto la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, tomó las riendas del gobierno autonómico. Hoy arrastran una deuda de 200 millones de euros (unos 50 millones al mes desde junio), que podría empezar a solucionarse vía crédito privado a través de un convenio que los colegios de boticarios firmarán hoy mismo en Toledo con las entidades financieras.