El director general de Seguros, Ricardo Lozano, ha sido imputado por supuestos delitos de falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación tras admitir a trámite el juzgado de instrucción 51 de Madrid la querella interpuesta por Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).

Además de Lozano, que tendrá que comparecer el próximo 28 de diciembre ante el juzgado, también han sido citados como imputados un antiguo subdirector general de inspección de Seguros, Juan Pablo del Olmo, la ex auditora interna de la aseguradora Rosa María Flores de Frutos y su marido Francisco Javier Córdoba Almodóvar.

'No hay nada de qué preocuparse', han matizado desde el Ministerio de Economía, desde donde se recalca que la situación 'es de absoluta tranquilidad' y que se sabía desde hace semanas.

En este sentido, recordó que la Dirección General de Seguros abrió un expediente por 'irregularidades gravísimas' contra la aseguradora y que al quedarse sin argumentos la sociedad ha decidido presentar una querella, que ha sido admitida a trámite dentro de los cauces judiciales ordinarios.

La querella recoge que Ricardo Lozano inició en mayo de 2007 un serie de 'maniobras' tendentes a cambiar el consejo de administración que gestionaba la mutua 'con el fin de situar en su lugar personal a su servicio y disposición que permitiesen el control y dominio' de la mutua que agrupa a los profesionales sanitarios.

La querella recoge que en diciembre en 2006 la sociedad inició una 'minuciosa y rigurosa' inspección que duró el 'límite máximo legal de seis meses', periodo durante el cual facilitó todos los medios y documentos o información que el inspector actuante consideró pedir como necesarios para el desempeño de su función inspectora.

Según la demanda, una vez terminada la inspección, Lozano aseguró haber recibido una denuncia de un supuesto mutualista de la sociedad que respondía al nombre de Joaquín Martínez por graves irregularidades en la gestión de AMA y sus administradores.

Los demandantes sostiene que, pese a que Martínez nunca fue mutualista y que, por tanto, no presentó demanda alguna, Ricardo Lozano siguió adelante con la demanda para llevar a cabo su proceso de 'acoso y derribo' del consejo de la mutua.

Para ello, instruyó una nueva inspección contra AMA, 'nombrando nuevas inspectoras, procediendo a solicitar más y más datos y documentos de forma tan exhaustiva que utiliza una gran parte del personal de la DGS que es distraído de sus ocupaciones habituals'.

Asimismo, en junio de 2008 la DGS acordó iniciar un expediente de medidas de 'control especial' e inició un procedimiento discipliario contra la sociedad, señalando como responsables a todos los miembros de su consejo de administración bajo una serie de 'imputacones abstractas' como 'incumplimiento del deber de veracidad' o 'deficiencias de organización'.

Los demandantes también sostienen que la base de esta acción era falsa, ya que Lozano decía estar en posición de un escrito remitido por un informador, que contenía informaciones 'internas y precisas' de AMA, que le habían proporcionado dos conocidos.

En este sentido, advierten de que los datos sólo podían ser conocidos por personas de la alta dirección de AMA, que 'al parecer utiliza Lozano para rellenar su expediente y llegar a los fines motivadores del inicio, el control de AMA'.

Además, el 5 de junio de 2008 apareció un carta dirigida a Lozano que comunica un dato esencial para AMA, el acuerdo del consejo de sustituir a Deloitte por KMPG. La carta la firma Francisco Javier Córdoba Almódovar, marido de la jefa de departamento de auditoría interna y de control de AMA, Rosa María Flores de Frutos.

La carta tenía como finalidad impedir la celebración de la junta de mutualistas del 30 de junio de 2008. Cuando AMA tuvo conocimiento el 16 de junio de la carta del cónyuge de Rosa María le comunicó que quedaba en suspenso la obligación de acudir a su puesto de trabajo.

Tras esto, la denuncia recoge que la ex auditora se reunión con Juan Pablo del Olmo, antiguo subdirector, para facilitarle todos los datos de interés a efectos del expediente que la DGS tenía abierto contra AMA. Del Olmo acordó la recopilación de los documentos facilitados por Rosa María, pese a haber sido sustraídos del archivo de AMA, como utilización como elemento incriminatorio contra la mutua.

Finalmente, los demandantes aseguran que el 3 de octubre de 2008 la DGS notificó a AMA la propuesta de sanción 'con sanciones infundadas y desproporcionadas'.