El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha reprochado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien ha coincidido en el desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional, la posición de su Gobierno con respecto al endeudamiento del ayuntamiento de la capital.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reveló a un grupo de periodistas invitados a la recepción posterior en el Palacio Real que ambos habían discutido a cuenta de la financiación local y que el alcalde le había explicado al presidente que su intención no era aumentar la deuda del Consistorio sino 'refinanciarla'.

Un portavoz de Moncloa ha confirmado posteriormente a Europa Press que efectivamente Gallardón había reprochado a Zapatero, pero no con malas formas, que se dispense un trato diferente a las Comunidades Autónomas que se endeudan frente a ayuntamientos como Madrid que tienen el mismo problema.

Zapatero le contestó que existen unos límites y unas normas que hay que respetar pero que estaba dispuesto a estudiar algún plan de gestión de la deuda que el alcalde pudiera presentarle. Gallardón entonces, según la versión de Moncloa, le pidió un plazo de 15 días.

La conversación entre ambos, que según las imágenes disponibles transcurrió con gestos serios, se produce días después de que Gallardón acusara a Zapatero de 'mentir' cuando afirmó en el Senado que el ayuntamiento de Madrid tenía intención de endeudarse más.

'Es falso, y no sé si responde a una mentira del propio presidente o a una ignorancia como consecuencia de que le ha mentido Elena Salgado. Pero el Ministerio de Hacienda sabe perfectamente que nosotros este año vamos a reducir nuestra deuda y que en ningún momento hemos pedido autorización para endeudarnos más, sino que hemos solicitado sólo -como ha hecho el Gobierno de España- una refinanciación', precisó Gallardón el pasado 7 de octubre.

El alcalde también advirtió entonces de que si las corporaciones locales no son capaces de pagar a sus proveedores será 'responsabilidad exclusiva del Gobierno', que tendrá que 'rendir cuentas' incluso ante la justicia, ya que las empresas concesionarias de servicios municipales podrán 'exigir judicialmente' la Línea ICO para pagos vencidos.