La Audiencia de Barcelona juzgará al ginecólogo Carlos Morín y a 11 de sus colaboradores, entre ellos su esposa, por practicar presuntamente más de cien abortos ilegales en sus clínicas de la capital catalana. La Fiscalía solicita para él una pena de 309 años de prisión, y entre 50 y 200 años para los acusados de colaborar con el doctor peruano, entre ellos psiquiatras, anestesistas y ginecólogos que supuestamente practicaron abortos a pacientes en avanzado estado de gestación, superadas las 14 semanas que marca la ley. La Fiscalía les acusa de los delitos de aborto ilegal, falsedad documental y asociación ilícita.

Según las conclusiones del Ministerio Fiscal, Morín y su esposa crearon una 'estructura estable y permanente' a través de varias clínicas que gestionaban en Barcelona, dedicada de forma casi exclusiva a realizar interrupciones voluntarias del embarazo 'sin sujeción a ningún requisito legal ni ningún plazo temporal' y con un 'único afán desmedido de lucro'. El auto de la jueza añade que este médico obtuvo 'ingentes ingresos en metálico con los que atendía las necesidades y gastos de material y personal de las expresadas clínicas y podía mantener así un elevado nivel de vida disponiendo como vivienda de una lujosa mansión en Sant Cugat del Vallès'.

El fiscal pide penas de 50 a 200 años para su esposa y diez colaboradores

El caso se destapó en 2006 a raíz de un reportaje emitido por la televisión pública danesa, que acusaba al doctor peruano de practicar abortos ilegales a mujeres embarazadas de hasta más de siete meses a cambio de 4.000 euros. Según la Fiscalía, el negocio alcanzó una 'gran difusión' no sólo en Barcelona, sino también en el resto de España y Europa, de donde acudían muchas pacientes que no habían podido abortar en sus países de origen.

Las clínicas del doctor Morín y su esposa, María Luisa Durán, alteraban las ecografías de las pacientes y hacían constar una edad del feto menor a la real para ocultar los abortos ilegales. Según el escrito de la Fiscalía, entre los 101 abortos ilícitos que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que se detectaron anomalías en el feto, así como otras en la semana 29, 28 o 27.

Según el Ministerio Público, se alteraban las ecografías para ocultar la ilegalidad

Las clínicas Ginemedex y TBC efectuaban los abortos acogiéndose al primer supuesto legal de la anterior ley del aborto: que el embarazo implicara un riesgo grave para la salud física y psíquica de la gestante. Las pacientes, sin embargo, no recibían la visita de un psiquiatra, y era el personal del propio centro el que rellenaba los tests para evaluar el estado mental de las mujeres. En otros casos, los abortos se practicaban acogiéndose al supuesto legal de que el feto nacería con graves deficiencias, pero, según añade la fiscal, a los expedientes no se incorporaba ningún dictamen médico que lo acreditara.

En las entradas y registros practicados en las clínicas de Morín se intervinieron un total de 2.780 expedientes de abortos, así como unos dispositivos para la evacuación de restos biológicos, entre ellos un desagüe de grandes proporciones, en el que se encontró ADN nuclear humano. De entre los expedientes, finalmente se investigaron 167 abortos, pero el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que dirigía la investigación, acordó el pasado febrero archivar medio centenar de casos que serían legales de acuerdo con la nueva ley de interrupción del embarazo que entró en vigor en julio de 2010.

Tras la fase de instrucción, la jueza ha acordado la apertura del juicio oral. En el proceso ejercen como acusación particular la asociación católica E-Cristians, el partido social-cristiano Alternativa Española, el Colegio de Médicos de Barcelona y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.