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Educación, decidido a acabar con la segregación por sexos

El Gobierno pretende impedir que los colegios privados sostenidos con fondos públicos separen a niños y niñas. Madrid, País Valencià y Galicia impulsan estos centros sexistas

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El Ministerio de Educación quiere prohibir a las comunidades autónomas que financien con dinero público colegios que separen a los alumnos por su sexo. El Gobierno negocia con los sindicatos, partidos, asociaciones y colegios un nuevo decreto que regule la escuela concertada para evitar, entre otros asuntos, que se discriminen a los alumnos por razones de sexo. 'Tenemos que poner herramientas para que estas prácticas no se lleven a cabo', señaló ayer a Público el recién nombrado secretario de Estado de Educación, Mario Bedera.

El Gobierno es consciente de que con el decreto actual, aprobado en 1985, las comunidades autónomas tienen libertad absoluta para conceder dinero público a estos colegios. 'No olvidemos que la autoridad educativa y las competencias las tienen las comunidades autónomas pero es un asunto que va a estar encima de la mesa en la negociación y que tenemos que tratar', afirmó Bedera.

Educación: 'Estos centros tienen unas obligaciones que cumplir'

Según los cálculos de los sindicatos de enseñanza existen más de 50 colegios concertados que separan a niños y niñas. Junto a los privados, suman dos centenares de centros que imparten educación diferenciada. La gran mayoría de estos colegios están en el entorno ideológico del Opus Dei, la Asociación Católica de Propagandistas y los Legionarios de Cristo, según los idearios de sus propietarios. Un ejemplo: en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro (Madrid), propiedad de la Compañía de María, estudian 350 alumnas y se presentaron 350 objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Los gobiernos regionales que han impulsado esta educación son los de Madrid, País Valencià y Galicia. Todos con el PP en el poder. En Catalunya también existen estos centros pero la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) impide que se creen nuevos centros discriminadores. La Ley Orgánica de Educación (LOE) deja clara cuál debe ser el marco común de escolarización: 'En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social'. Los portavoces de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), patronal de los colegios privados, creen que ese criterio marcado por la LOE es de prioridad, no de exclusión.

Madrid financia con dinero público ocho escuelas que separan por sexos

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar reconoció el pasado octubre en la Asamblea que su Gobierno financia ocho colegios de este tipo de entre los 500 concertados que existen en la región. 'Yo llevo a mis hijos a un colegio mixto pero respeto la libertad de los padres que quieren esa educación para sus hijos', señaló. La consejera defiende que 'en EEUU, con [Barack] Obama hay 600 colegios públicos de este tipo. Si los padres lo solicitan hay que ofrecérselo'.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha señalado en más de una ocasión que es partidario de la educación mixta. 'En mi opinión, no hay opciones que justifiquen ese modelo. Creo en la educación multicultural, diversa, en una convivencia en un espacio de diferencia. Esa educación es la que mejor prepara para una sociedad que es así. Esos son mis valores', insistió en una entrevista a este periódico.

La negociación para el nuevo decreto tendrá que contar con el apoyo de la comunidades autónomas. El próximo lunes se reúne por primera vez una mesa de la escuela concertada en la que participarán los sindicatos para negociar la refinanciación del módulo de conciertos. El Ministerio de Educación negociará el dinero a entregar a los colegios concertados junto con el nuevo decreto que regule sus derechos y obligaciones.

Gabilondo señala que es partidario de la educación mixta

'Hay un margen para ponerse de acuerdo con la escuela concertada, pero estos colegios tienen que entender que reciben fondos públicos y que hay determinadas obligaciones que tienen que cumplir', advierte Bedera. El Gobierno ha denunciado que el 90% de los alumnos con dificultades en el aprendizaje entre los que se encuentran los alumnos inmigrantes no están siendo asumidos por los colegios concertados pese a que es su obligación.

En un borrador previo titulado Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos educativos filtrado a los medios de comunicación el pasado año, el Gobierno enfatizó su estrategia en dotar de más recursos económicos a los centros privados sostenidos con fondos públicos para que escolaricen a los alumnos con mayor necesidad de apoyo.

La mayoría de estos colegios están en el entorno del Opus o de los Legionarios

'Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos para los centros (...) que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo, con ubicación en zonas desfavorecidas con alto porcentaje de abandono escolar, (...) con desarrollo de programas lingüísticos destinados a la integración...', enumera el Artículo 11 titulado: Centros que escolarizan alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

Este borrador ya ha sido expuesto a debate público. IU lo rechazó totalmente 'porque no introduce el carácter subsidiario [de la escuela concertada]' y 'no asegura la distribución equilibrada' de los alumnos con necesidades. La portavoz de educación de IU, Dolores Dolz, explica: 'Quién quiera una educación que no sea la que ofrece la escuela pública laica que se la pague'.

A falta de la aprobación definitiva de un decreto consensuado que equipare la legislación en todas las comunidades autónomas, las consejerías de Educación han regulado el conflicto a base de sentencias judiciales. El Tribunal Supremo determinó en 2008 que las comunidades pueden negar la financiación pública a este tipo de centros. Sin embargo, el mismo tribunal había determinado en 2006 que 'no hay norma expresa que prohiba el sostenimiento público de centros' que practiquen la educación diferenciada.

Este punto fue uno de los debates más duros de la LEC. En un anteproyecto se exigía a los 16 centros concertados sexistas catalanes renunciar al concierto o transformarse a centros mixtos. Finalmente, se retiró ese punto y sólo se impide crear nuevos conciertos con esas condiciones. ICV retiró su apoyo a la ley por este motivo.

El nuevo secretario de Estado de Educación y Formación Profesional (FP) está convencido de que las titulaciones de esta enseñanza necesitan una renovación. 'No podemos tener las mismas titulaciones de hace 20 años. Para que la FP sirva dentro de 20 años tenemos que apostar por los nichos de trabajo futuro como las enseñanzas en nuevas energías y todo lo que tiene que ver con lo que se denomina economía verde'. El ministerio está pendiente de un estudio que a finales de curso hará un análisis de las plazas más demandadas en los títulos de FP. Con esa 'foto', como lo define Bedera, el Gobierno creará un nuevo catálogo de enseñanzas para que los alumnos que opten por este tipo de formación no se vean encerrados en los tradicionales módulos de Estética, Mecánica o Administración. La renovación del catálogo de títulos depende del desarrollo de la Ley de Economía Sotenible. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, avanzó ayer en el Congreso algunas de las claves del desarrollo de esa ley que afectan a la reforma de la FP. El presidente del Ejecutivo situó la reforma de la Formación Profesional como 'el segundo gran tema de la nueva agenda social, requisito imprescindible para mejorar la empleabilidad de nuestro mercado de trabajo'. Zapatero anunció para 'el primer trimestre de 2011 el catálogo nacional de cualificaciones profesionales'. El Real Decreto ordenador de la formación profesional se aprobará, según las previsiones de Zapatero, al final de 2011.  

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