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EEUU investiga a la 'trama Gürtel' por blanqueo

Un testaferro de Correa con nacionalidad estadounidense centra las pesquisas. La red hizo inversiones millonarias en Miami, donde constituyó una docena de sociedades instrumentales

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Estados Unidos mantiene abierta desde hace meses una investigación paralela sobre las actividades de la trama Gürtel en ese país, confirmaron a Público fuentes del caso que también señalaron que, a tenor de lo transmitido por EEUU a España, esa investigación se centra por ahora en un testaferro que en el sumario español ocupa un lugar secundario y que habría actuado siguiendo órdenes de Francisco Correa, presunto jefe de la red corrupta. Por su conexión habitual con el narcotráfico y el terrorismo, el blanqueo de capitales está considerado en Estados Unidos un delito de persecución prioritaria desde los atentados del 11-S y la subsiguiente aprobación de la Ley Patriótica.

Según las fuentes consultadas, las autoridades estadounidenses no han revelado sus planes exactos respecto a Correa pero han ofrecido garantías de que no darán ningún paso respecto del principal imputado de la trama Gürtel hasta que finalice el proceso abierto en España.

Para seguir el caso ha habido ya dos reuniones bilaterales en Madrid

De nacionalidad estadounidense, el testaferro investigado en ese país habría sido una figura clave en el lavado de dinero captado en España por la trama mediante el cobro de sobornos y la adjudicación de contratos amañados. Las fuentes consultadas no confirmaron si ese testaferro es Randall Lew Caruso-Reinaldo, a quien los informes incorporados al sumario Gürtel retratan como el broker que manejó las inversiones multimillonarias de Correa y su círculo. Junto con Guillermo Martínez Lluch, ex director de la sucursal de Bancaja en Miami, Randall Lew aparece como gestor de las cuentas abiertas en Estados Unidos y cuya propiedad real se atribuye a la trama.

El sur de Florida, donde se localiza el condado de Miami Dade, fue el principal escenario de operaciones de Correa y los suyos en Estados Unidos. Al menos 12 compañías de su entramado internacional quedaron domiciliadas en esa área, donde Correa se sumó a proyectos conducidos por Fortune International, un operador inmobiliario con arraigo en el sector de Miami. Las 12 empresas funcionaban como sociedades instrumentales controladas por otras compañías constituidas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

El broker de Correa en EEUU, Randall Lew, controlaba el flujo de dinero

Con un Código Penal que estipula para el lavado de dinero penas muy superiores hasta 20 de cárcel a las previstas en España hasta seis años, Estados Unidos ha mostrado 'gran interés' en la evolución del caso que instruye el Tribunal Superior de Madrid y está ofreciendo máxima colaboración en la tramitación de las comisiones rogatorias cursadas por el juez instructor, Antonio Pedreira, del TSJM. Pero de las actuaciones paralelas seguidas en EEUU, las autoridades de Washington han trasladado escasa información.

Autoridades judiciales estadounidenses han viajado a Madrid en más de una ocasión para seguir el caso. El sumario Gürtel refleja dos citas para la celebración de encuentros bilaterales en Madrid: una, el 9 de octubre de 2009; otra, el 14 de enero de este año. El motivo de ambas reuniones fue estudiar la marcha de las comisiones rogatorias enviadas por Pedreira. En esos encuentros participaron el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la policía. A sus interlocutores se les identifica en el sumario como 'la autoridad central' de EEUU.

En el distrito sur de Florida, donde el asunto se sigue en el caso número 10-2178-MC-King/Bandstra, el fiscal Richard D. Gregorie asistió el 11 de junio a la sesión fijada para las declaraciones de tres de los imputados de nacionalidad estadounidense: Ana Karlota Figueroa, persona de confianza de Correa en Miami; Gloria Pascual, que manejaba la contabilidad; y Tidie Baez, que constituyó las empresas por encargo de Iuris Magister, el despacho del también imputado Luis Agramunt. Sólo Baez, que ya no está imputada, declaró ese día. Pascual y Figueroa adujeron que no habían tenido tiempo de preparar su defensa legal, dada la premura con que se las convocó. Tanto Figueroa como Pascual fueron citadas de nuevo para el 18 de noviembre. También Randall Lew, que en junio se negó igualmente a declarar.