Publicado: 11.04.2013 07:00 |Actualizado: 17.12.2014 19:15

EEUU quería a Carrillo en prisión pero no convertido en un "mártir"

El día de la detención del líder comunista, el embajador expresó su confianza en que el Gobierno de Suárez encuentre el modo de condenarle

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Santiago Carrillo durante una intervención en el Congreso en 1977. (EFE/Archivo)

España daba pasos hacia la democracia y el Gobierno había aprobado en julio de 1976 un real decreto de amnistía parcial para los delitos políticos, pero poco importaba esto si se trataba del principal enemigo de Estados Unidos: el comunismo.

Cuando el 22 de diciembre Santiago Carrillo fue detenido en Madrid tras muchas especulaciones sobre su regreso de la clandestinidad, la embajada estadounidense se apresuró a redactar un telegrama a la Secretaría de Estado y a un importante número de delegaciones diplomáticas en otros países de Europa, la OTAN y la Comunidad Europea, expresando su confianza en que el presidente Adolfo Suárez encontraría el modo de que el líder del PCE se quedara en prisión.

"Su detención ha devuelto el protagonismo al PCE, después de que su actividad hubiera caído considerablemente y permaneciera más aislado. La disposición del caso de Carrillo es una cuestión política muy compleja, aunque somos conscientes de que el sistema judicial español, a excepción del Tribunal de Orden Público, ha demostrado desde hace unos años una considerable independencia. En cualquier caso, esperamos que el Gobierno imponga una condena si lo desea. Si el Gobierno maneja el caso con sabiduría y no convierte a Carrillo en un mártir, este episodio podría ser un primer paso para hacer descansar el "problema" de los comunistas. Sin embargo, si el caso se maneja mal y la disposición de Carrillo obliga a los grupos políticos a posicionarse, las negociaciones entre el Gobierno y la oposición sobre las elecciones quedarían en el limbo".

En ese mismo cable, el embajador Wells Stabler reconoce que aunque no se han especificado los cargos contra Carrillo, "hay especulaciones de que consistan simplemente en un delito de entrada ilegal, dado que no posee un pasaporte válido". Recoge además las alegaciones de sus abogados, que defendían que "cualquier delito que hubiera cometido desde la Guerra Civil entran dentro del decreto de amnistía" y que, "los cargos por entrada ilegal no se sostienen porque Carrillo, como ciudadano español, no puede ser excluido por el Gobierno de entrar en el país".

El regreso de Carrillo y la legalización del PCE preocupaban a Washington ante la"amenaza" comunistaNo obstante, la postura de Washington al respecto de Carrillo es clara: lo quería fuera de la escena política y confía en que, entre los delitos que se le puedan imputar y la sombra de Paracuellos aireada por la ultraderecha, se consiga mantener al dirigente comunista lejos de la simpatía pública. Desde que a principios de año habían comenzado los primeros rumores sobre una posible legalización del PCE, EEUU se entrevistó constantemente con miembros del Gobierno a quienes preguntó por esta cuestión. Todos, pese a que luego no sucedió así, le aseguraron que el Partido Comunista no sería legalizado antes de las elecciones de junio de 1977.

El país norteamericano había hecho un seguimiento bastante cercano a Carrillo, sobre todo durante los últimos meses de 1976 cuando los rumores sobre su vuelta eran fuertes y periódicos. Su regreso preocupaba y mucho, no porque pudiera constituir una amenaza para la democracia, sino por el miedo a que, con él, el comunismo resurgiera con fuerza en España.

"Asumimos que el Gobierno prefiere no detenerle, al menos hasta que se haya celebrado el referéndum"

En un cable fechado el 5 de agosto, Stabler relata una conversación con el subsecretario de Orden Público, Hernández Gil, en el que este reconoce ante el embajador que la vuelta de Carrillo es "una cuestión política y no legal". "También recordó el comentario de Fraga sobre que si Carrillo vuelve, su vida podría estar en peligro por aquellos que le guardan rencor al hacerle responsable de los asesinatos de nacionalistas durante la Guerra Civil. De hecho, independientemente de la veracidad de las acusaciones contra Carrillo, habría algunos que querrían matarlo, por lo que requeriría de protección", escribe el diplomático.

El enviado de Kissinger en España da cuenta en un cable de la llegada de la mujer de Carrillo y uno de sus hijos a Madrid en octubre y escribe varios más sobre las "especulaciones" en cuanto a su ingreso en España y la estrategia del Gobierno detrás de su regreso.

"La situación en España es compleja, pero el tema de Carrillo es más que complejo, tiene algo de misterio"

"Solemos decir que la situación en España es compleja, pero el tema de Carrillo es más que complejo, tiene algo de misterio. A pesar de que el Gobierno ha negado, incluso en conversaciones privadas, que supiera que Carrillo está en España (es posible que esté entrando y saliendo clandestinamente), parece razonable suponer que el Gobierno tolera su presencia intermitente. [...] "Continúan las teorías que afirman que el liderazgo de Carrillo en el PCE está en modesto peligro, y arrestarle le ayudaría en cualesquiera que sean las peleas de liderazgo que estén ocurriendo.  Asumimos que el Gobierno prefiere no detenerle al menos hasta que se haya celebrado el referéndum del miércoles, pero Carrillo podría tratar de ponerse él mismo en evidencia. Se puede argumentar que el Gobierno no debería arrestarle", escribe Stabler el 11 de diciembre, tan solo unos días antes de que finalmente se produjera la detención.

En los cables compilados por Wikileaks a los que Público ha tenido acceso, hay informes sobre Carrillo a cuyo contenido no se puede acceder.  Según la versión del Gobierno estadounidense, existen fallos electrónicos que han impedido desclasificar algunos de los documentos, pero Wikileaks sostiene que la Casa Blanca se reserva alguna de las informaciones al acceso público dependiendo de la relevancia de su contenido.

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