Gobernada por el PSOE entre 2003 y junio de 2011, la Diputación de Toledo sufrió un amplio proceso de conversiones tres días antes de las pasadas municipales: laborales, no religiosas.

Si reconversión suele significar que uno se queda sin trabajo, conversión apela a lo contrario: de eventual pasa a trabajador estable sin solución de continuidad ni examen u oposición previa. En la Diputación de Toledo hay ahora 105 conversos elevados desde el infierno de la precariedad al altar del fijo laboral.

En la lista hay concejales, exalcaldes, hijos de diputados regionales y algún hermano. Todos ellos vinculados al PSOE.

Cuántos exactamente son los socialistas beneficiados por la maniobra es un dato que este periódico no ha podido averiguar. Misión imposible hablar con José Manuel Tofiño, número tres al Congreso por Toledo en la candidatura del PSOE y presidente de la Diputación hasta que los comicios locales de mayo entregaron la institución al PP.

Hay, no obstante, una versión oficial aportada por fuentes del PSOE castellano-manchego: que la Inspección de Trabajo obligó a la corporación provincial a hacer fijos a esos 105 eventuales porque habían ocupado durante más de 24 meses el mismo puesto de trabajo. La versión oficial dice algo más: que 30 de los 105 convertidos empezaron a trabajar en la Diputación antes de la etapa del PSOE. Conclusión: que el PP, predecesor de los socialistas y ahora sucesor, también enchufó a los suyos. Enchufismo, sí, pero con respeto a la biodiversidad política.

La primera semana de octubre, la revista Interviú rescató la historia con un amplio reportaje basado en la denuncia judicial formulada en junio por UPyD. El reportaje citaba con nombre y apellidos una decena de trabajadores que suman a esa condición la de tener o haber tenido puestos de representación o familiares situados en ellos.

El denunciante fue Antonio Lozano, cabeza de lista al Congreso por UPyD. Pero Lozano se niega a hablar del asunto durante la campaña electoral, así que poco más se sabe aparte de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Toledo no ha tomado aún ninguna decisión. La denuncia atribuye a Tofiño una posible prevaricación.

Público sí logró hablar con portavoces de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Y esos portavoces aseguran que no hay vulneración dado que la legislación laboral obliga a contratar de modo indefinido a quienes han superado el tiempo máximo de eventualidad. O sea, que la denuncia tal vez acabe en la papelera. A Cánovas, Sagasta y sus cesantes les encantaría ver que algunas cosas no cambian.