El 2 de febrero es la fecha señalada para el juicio que enfrentará al empresario alicantino Enrique Ortiz y a Mireia Mollà, diputada autonómica de la coalición Compromís, según revelaron ayer fuentes cercanas al caso. Mollà ocupará el banquillo, ya que fue Ortiz el que presentó contra ella una demanda civil el 3 de mayo en un juzgado de Alicante. En el escrito, el empresario la acusa de una 'grave intromisión en su derecho al honor'.

La demanda explica que Mollà se refirió a Ortiz como 'el empresario más impregnado de corrupción de todo el país', unas declaraciones que, explican sus abogados, no son veraces, puesto que 'nuestro cliente no tiene hasta ahora ninguna sentencia en contra por ningún proceso de corrupción'. El escrito afirma que las palabras de Mollà 'reducen las posibilidades de sus empresas de ser contratadas en concursos públicos ante el posible temor al escándalo'. Ortiz está imputado en el caso Brugal, acusado de hacer regalos a políticos alicantinos, así como de recibir de ellos información privilegiada sobre planes urbanísticos o trato preferente en adjudicaciones.

Ortiz se ha negado a declarar al respecto ante el juez, haciendo uso de sus derechos como imputado. En este juicio, Mireia Mollà ha pedido la declaración del empresario como demandante. Se da la circunstancia de que la abogada de Mollà es su compañera de partido y también diputada Mónica Oltra, famosa por su denuncia de la corrupción. Oltra destacó ayer que ella misma interrogará a Ortiz y 'puede darse la paradoja de que se vea obligado a contestar como demandante sobre aquello a lo que no ha querido contestar como imputado'.