El abanico de potenciales aliados para aprobar la nueva Ley de Extranjería se reduce para el Gobierno. Sobre todo en el flanco izquierdo del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció ayer que sus tres diputados presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de reforma de la ley.

El gesto pone en evidencia hasta qué punto será complicada la negociación que, en paralelo, tendrán que llevar a cabo el Grupo Socialista y el ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho con los independentistas.

La polémica ha marcado desde el principio la redacción de esta nueva ley. Entre sus novedades destaca en primer lugar la persecución de la inmigración ilegal, con la salvedad de la ayuda humanitaria. La norma mantiene la ampliación del plazo de internamiento a 60 días, si bien incrementa las garantías y asegura el apoyo de las ONG, que podrán acceder a los centros de acogida.

La ley cuenta con el rechazo frontal de ONG y asociaciones de inmigrantes. Consideran que el Gobierno incurre en 'recortes de derechos' porque incorpora aspectos negativos de la directiva europea de inmigración, como el plazo de los 60 días, pone trabas a la reagrupación familiar y modifica aspectos de la expulsión de los menores.

El veto de ERC se añade al de IU-ICV, que ya mostró su rechazo la semana pasada, después de que el Consejo de Ministros aprobara la norma y acordara remitirla al Congreso. Ante tal panorama, parece que las posibilidades de entendimiento del Ejecutivo se orientan hacia el PP. Si este consenso no se fragua, el PSOE deberá buscar los siete votos que le faltan para la mayoría en CiU, PNV o CC.

El no de ERC al texto estriba en que se trata de un proyecto 'menor, de poca ambición y demasiado secuestrado por la crisis económica'. Su diputado Joan Tardà recordó ayer que, cuando se debatió la Ley de Asilo con el Gobierno, su grupo ya aseguró que 'la ecuación entre la regulación de los flujos migratorios y la coyuntura económica requiere máxima escrupulosidad en materia de derechos sociales, humanos y de ciudadanía'.

En todo caso la enmienda a la totalidad de ERC, señala Tardà, no va en detrimento de un cierto 'reconocimiento' al Ejecutivo por incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo relativo a los derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación o huelga de los extranjeros.

Aun así, ERC sostiene que la norma no respeta 'requisitos que exige una sociedad democrática avanzada', como pueden ser los derechos sociales en asuntos como la vivienda, la educación o la reagrupación familiar. ERC denuncia que el texto soslaya 'el debate necesario del derecho de voto'. También pone serias objeciones a ampliar a 60 días el plazo de internamiento de los sin papeles.