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Un error de juventud que se juzga diez años después

Un grupo de alumnos que rompió una puerta del siglo XVIII en protesta por la LOU se enfrenta ahora al juicio

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'Lo que quiero es quitarme esto ya de en medio y ya está', explicaba ayer Manuel justo antes de entrar al juicio por el asalto al Rectorado de la Universidad de Sevilla, unos hechos que sucedieron hace ahora casi una década, en febrero de 2002, en el marco de las protestas organizadas contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del Gobierno de José María Aznar.

La rotura de las puertas, que según la Universidad de Sevilla son del siglo XVIII, supuso un antes y un después en la lucha contra la LOU. 'Estuvo mal usar la violencia, pero se cebaron con ellos', explicaba Felipe, que acompañó a su hijo al juicio. Junto a ellos, acudía María José, que también iba a ser juzgada. Ahora tiene 33 años y vive en otra ciudad. Ahora asegura que volvería a protestar contra la LOU 'pero de otra manera'.

La de ayer fue la primera de las seis sesiones en las que se desarrollará el juicio. Los 12 letrados que componen la defensa de los 24 acusados pidieron su anulación alegando la posible prescripción de las actuaciones. El fiscal reconoció que la instrucción se había 'demorado muchísimo' pero defendió que la prescripción 'no existe'.

Cuatro de los imputados se acogieron a su derecho de no declarar. El resto sí lo hizo, con un testimonio muy similar. Todos reconocieron haber participado en una concentración previa en uno de los patios del Rectorado. El momento previo a la rotura de la puerta fue definido como un 'caos' que comenzó cuando los guardias de seguridad 'vaciaron los extintores contra nosotros'. Todos los acusados negaron haber roto la puerta o agredir a algún guardia de seguridad. Por los hechos que se juzgan, el fiscal solicita un año de prisión para cada acusado por un delito de desórdenes públicos y el pago de una multa que podría ascender a 120.000 euros, incluyendo los 60.000 en concepto de responsabilidad civil por la rotura de la puerta.

Luis Ocaña, letrado de varios acusados, criticó que cinco de ellos 'podrían ser condenados dos veces por el mismo delito'. Se refería a quienes fueron expulsados durante cinco años de la universidad.