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Estrasburgo pide que no se expulse a los saharauis

Interior respeta la petición y no repatriará a los 15 extranjeros a los que denegó asilo

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), recomendó al Gobierno que detenga la expulsión de 15 de los saharauis a los que la Oficina de Auxilio y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, denegó el asilo político. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ejerce la defensa del grupo, recurrió al tribunal europeo el pasado viernes después de que la Audiencia Nacional desestimara las medidas cautelares solicitadas por los saharauis, dando así vía libre a su repatriación.

El tribunal europeo, que ha hecho un examen individualizado de cada demanda, esgrime que 'sería deseable no expulsar a los solicitantes mientras dura el proceso en el Tribunal'. De esta manera, la Corte europea explica que requiere más tiempo para estudiar los recursos presentados contra la inadmisión a trámite de las solicitudes de asilo.

Se trata de una decisión de procedimiento que 'no prejuzga' el fondo de la demanda de los solicitantes de asilo, sino que sólo pretende 'dar tiempo' al Tribunal para analizar los recursos presentados por CEAR, explicó a Europa Press el gabinete de prensa de la Corte. Estas mismas fuentes no pudieron estimar cuánto tiempo necesitará el Tribunal para estudiar la cuestión. Sin embargo, señalaron que si el Gobierno ignorara la petición de Estrasburgo y continuara con el procedimiento de expulsión, la Corte podría determinar posteriormente que ha violado algún artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos, por cuyo cumplimiento vela este Tribunal.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que este departamento respetará la petición formulada por el Tribunal de Estrasburgo. Asimismo, aseguraron que, a pesar del auto de la Audiencia Nacional, el Gobierno aún no había decidido la expulsión de los saharauis.

Para Mauricio Valiente, responsable jurídico de CEAR, la petición de Estrasburgo es un 'hito' que llama la atención al Gobierno y la Audiencia Nacional sobre la necesidad de garantizar el derecho de asilo de las personas que, como es el caso de estos saharauis, tienen informes favorables de ACNUR.