El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa pidió hoy a las autoridades españolas una mayor firmeza para evitar malos tratos, incluso verbales, a los detenidos y presos por parte de las fuerzas del orden y funcionarios de prisiones. La delegación del CPT, que visitó España entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011, elaboró un informe en el que pide 'tolerancia cero' ante esos casos en comisarías, prisiones y centros de internamiento de extranjeros.

Según el informe, los entrevistados aseguraron haber sido tratados correctamente en la gran mayoría de las entrevistas, pero recibieron algunas alegaciones de malos tratos durante la detención. El informe pide que se prohíba vendar los ojos o encapuchar a los detenidos, incluso en los interrogatorios.

Los miembros de la delegación encontraron palos y bates de béisbol en salas de interrogatorio de comisarías de Cádiz y Madrid (Puente de Vallecas y Moratalaz). El texto señala que 'los interrogatorios se realizan, con frecuencia, al margen de la normativa vigente'.

El Comité del Consejo de Europa considera que el régimen de detención incomunicada debería ser 'una medida excepcional y limitada' y asegura que en los cinco primeros meses de 2011 el juez 'no realizó un examen riguroso de la necesidad de aplicar dicha medida'.

El texto señala que 'los interrogatorios se realizan, con frecuencia, al margen de la normativa vigente' Según el informe, la delegación obtuvo alegaciones creíbles de 10 de las 11 personas detenidas en régimen de incomunicación con las que se había entrevistado. El objetivo de los malos tratos era conseguir una declaración firmada de cara a la vista oral. El CPT reitera su recomendación de que los detenidos en régimen de incomunicación tengan acceso a un abogado desde el primer momento de su detención y durante los interrogatorios. Por otro lado, se pide que las celdas de las comisarías dispongan de luz natural, sistema de ventilación y timbre.

La delegación asegura en el informe que su relación con las autoridades españolas fue 'excelente', salvo una 'excepción importante': la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil, en la Dirección General de Madrid. Allí, dice el informe, los oficiales negaron a la delegación que accediera a la zona de detención, como ya ocurrió en 2007.

El informe asegura que el CPT 'ha estado llamando la atención de las autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil' y que este 'sigue sin resolverse'.

Respecto al desalojo de los acampados en la plaza de Catalunya de Barcelona el 27 de mayo de 2011, el CPT recomienda a las autoridades catalanas que los Mossos d'Esquadra estén identificados 'de forma visible'.

Los miembros del CPT visitaron comisarías de Policía de Madrid, Barcelona, Cádiz y El Puerto de Santa María; unidades de la Guardia Civil en Madrid, Las Rozas y Tres Cantos; y comisarías de los Mossos en Barcelona, Granollers y Hospitalet. La delegación inspeccionó las cárceles de Córdoba, Navalcarnero, Nanclares de Oca, Cádiz, Soto del Real, Alcalá Meco, Brians I, Quatre Camins, Lledoners y La Modelo; y a los centros de internamiento de extranjeros de Barcelona (Zona franca) y Madrid (Aluche). También realizaron visitas al Cuartel General de Arkaute-Ertzaintza (Vitoria) y al centro educativo de justicia juvenil l'Alzina, en Barcelona.

Además la delegación del CPT se entrevistó, entre otros, con el ministro del Interior, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, el director general de la Policía y la Guardia Civil, el presidente de la Audiencia Nacional, el Fiscal General del Estado y varias ONG.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha asegurado hoy, en respuesta al informe del CPT, que España cuenta con órganos administrativos y judiciales que de forma 'rigurosa' e 'independiente' investigan el maltrato policial.

El Gobierno replica que las denuncias de malos tratos de etarras son 'una táctica'El Gobierno defiende en un extenso comunicado de Interior que existe una numerosa regulación sobre los métodos empleados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, 'sometidos al imperio de la ley, al eventual ejercicio de la potestad disciplinaria y, en caso de incurrir en ilícito penal, al control de la autoridad judicial'.

Interior destaca que la denuncia 'sistemática' de malos tratos presentada por los detenidos en régimen de incomunicación por su presunta pertenencia a organización terrorista 'ha sido y sigue siendo una táctica' empleada por esos arrestados que, en la mayoría de los casos, resulta ser 'falsa y carente de fundamento'.

Precisamente, respecto a la detención incomunicada que el informe considera que debería ser 'una medida limitada', el Gobierno señala que ese régimen es una modalidad 'excepcional' que el juez adopta con una resolución motivada y que tiene, entre otros objetivos, evitar la conexión del detenido a fin de no perjudicar la investigación judicial.

Sobre la ampliación del plazo máximo de 72 horas de la detención por decisión judicial, el Ejecutivo asegura que si bien la ley prevé que la incomunicación pueda durar hasta un máximo de 13 días (5 bajo custodia policial y 8 en prisión preventiva), en la práctica no se está acordando esa prórroga, de forma que no existen incomunicaciones que duren más de 5 días.