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Europa se une contra el turismo sanitario

España impone su modelo de protección de la sanidad pública

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Los ministros de Sanidad de la Unión Europea aprobaron ayer una nueva norma, propuesta por España, que regulará el derecho de los pacientes a ser atendidos fuera de su país y evitará el llamado turismo sanitario, que hasta ahora amenazaba la capacidad de atención y los presupuestos de algunos estados de la UE, entre ellos España.

Los europeos podrán recurrir a la sanidad de otro Estado miembro para recibir tratamientos no urgentes con muchas restricciones y, según lo aprobado ayer, el país donde resida se hará cargo de los costes. Con una excepción, y es ahí donde radica el beneficio para España: el país de residencia no asumirá el coste de los tratamientos que el paciente reciba cuando visite su país de origen. De esta forma, por ejemplo, si un inglés empadronado en Almería es operado en Londres, será Inglaterra quien pague el coste de la intervención. En todo caso, Inglaterra, seguiría pagando a España los 240 euros mensuales que desembolsa por cada uno de sus ciudadanos emigrados, una cantidad fija establecida para todos los países comunitarios en esa situación.

España se opuso en diciembre a la propuesta sueca de que pagase siempre el país de residencia, por considerar que convertía la asistencia sanitaria en una mercancía, y que supondría un lastre de 2.000 millones de euros al año para el gasto público español.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aseguró que el acuerdo que quería Suecia no era posible y que todos los países han tenido que 'ceder un poco' para desbloquear el texto. Ahora, el Parlamento Europeo deberá ratificar la norma.

Por una parte, la anterior propuesta establecía que el país de residencia, sin excepciones, debía asumir el coste sanitario de los tratamientos realizados en cualquier país, incluido el de procedencia. Además, Suecia pretendía dejar 'demasiada' libertad al ciudadano para elegir en qué país recibiría tratamientos, según Sanidad, con el riesgo de que esto diera alas al turismo sanitario.

Jiménez consiguió que sus colegas europeos aprobaran las restricciones a la libre elección de tratamiento dentro de la UE. El Gobierno pretende así proteger el modelo de sanidad pública en España, con una de las carteras de servicios más amplias.

Según la nueva norma, Sanidad sólo asumirá el coste de los tratamientos de internamiento hospitalario en el extranjero de sus ciudadanos cuando los haya autorizado previamente. El paciente siempre deberá pagar el tratamiento por adelantado y después, si cumple los requisitos, se le reembolsará.

'Hoy es un gran día para la construcción de un espacio común de Sanidad en la UE', aseguró Jiménez a la prensa tras su última reunión como presidenta del Consejo de Sanidad. Jiménez destacó que se garantiza la atención médica y la libertad de movimiento de los pacientes en una Europa que presume de carecer de fronteras.

No obstante, nunca recibirán un tratamiento en el sistema público si no se incluye en la cartera de servicios de su país de origen o bien si resulta más costoso. El pago del precio de las urgencias ya estaba regulado hace años. El país que da la asistencia emite una factura que asume el país de residencia.

La Comisión Europea aseguró que el acuerdo 'garantizará que los pacientes sean conscientes de sus derechos a la asistencia sanitaria transfronteriza y demostrará que la UE trabaja en beneficio de sus ciudadanos'.