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Euskadi endurecerá el acceso a la renta mínima

La consejera vasca presentó un acuerdo con el PP para elevar a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a la llamada Renta de Garantía de Ingresos

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Al igual que hizo Catalunya a finales de agosto, Euskadi endurecerá las condiciones para otorgar ayudas sociales. La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta (PSE), presentó ayer un acuerdo con el PP para elevar de uno a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a la llamada Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Quienes lleven menos de tres años viviendo en Euskadi podrán optar, no obstante, a dicha ayuda, pero sólo si acreditan haber trabajado al menos cinco años en España. 'La nueva ley terminará con los casos de fraude', afirmó Zabaleta.

El tiempo de empadronamiento no será el único cambio. Otra de las novedades de la nueva Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social persigue evitar la picaresca y que los perceptores puedan optar por sobrevivir eternamente gracias a estas ayudas fuera del mercado laboral. Así, el nuevo texto establecerá que si un perceptor de RIG rechaza una oferta de empleo 'adecuada y acorde a sus posibilidades', perderá automáticamente el derecho a tal ayuda.

Aumentarán de uno a tres los años de empadronamiento exigidos

El Gobierno vasco confía en poder ejercer un control más efectivo sobre las personas receptoras de esta renta en Euskadi que puedan recibir ofertas de empleo. La razón de tal optimismo radica en que la reforma legal vinculará a partir de enero la Renta de Garantía de Ingresos a las políticas de empleo, que dependen de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo que sustituye en el País Vasco al Inem.

El nuevo texto legal también prevé que los perceptores de estas ayudas que no estén trabajando, ni en programas de formación, deberán colaborar en trabajos de carácter social en 'situaciones de emergencia'. En tales casos deberán participar en programas de organizaciones de volun-tariado y ONG.

La aplicación de todas estas condiciones, una vez la nueva ley sea aprobada por el Parlamento vasco, no tendrá carácter retroactivo. Lo que parece seguro a todas luces es que la reforma legal anunciada ayer, en una comparecencia conjunta de Gemma Zabaleta con dos parlamentarios del PP, saldrá adelante, dado que socialistas y conservadores tienen mayoría absoluta en la Cámara vasca.

Los perceptores que rechacen un trabajo perderán el derecho a la ayuda

La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales insistió en que con esta reforma no se van a 'recortar derechos': 'Vamos a crear un sistema más justo porque la solidaridad de los vascos es excelente, pero no ilimitada, no puede pagar todo'. Según el Ejecutivo vasco, Euskadi asume el 40% de este gasto en el Estado a pesar de que en esta comunidad reside el '2,4% de la población española en situación de riesgo'. Además, la cuantía media de esta prestación en el País Vasco alcanza los 374 euros, mientras que 'en el conjunto del Estado apenas es de 22 euros'.

El parlamentario de EB, Mikel Arana, adelantó ayer que votará en contra de esta reforma porque, a su juicio, va a 'aniquilar la protección social lograda en Euskadi a lo largo de los años y gracias a un amplio consenso'.