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Los ex altos cargos del Estado tienen su coste

Los Presupuestos Generales de 2011 incluyen más de tres millones de euros para afrontar indemnizaciones

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Las crisis de gobierno y las renovaciones de los órganos constitucionales tienen un coste político y otro económico, a cuenta de las pensiones de indemnización y remuneraciones de transición que contempla la ley. El Ejecutivo ha previsto 608.000 euros para sus ex ministros y ex secretarios de Estado en los Presupuestos de 2011, un 50% menos que en el ejercicio anterior. Una cifra que aumenta hasta 3,34 millones de euros si se suman los pagos a ex magistrados del Tribunal Constitucional, a los futuros miembros salientes del Tribunal de Cuentas, en situación de interinidad desde el mes pasado, y a los consejeros permanentes del Consejo de Estado.

El ex Defensor del Pueblo Enrique Múgica también tiene derecho a recibir una indemnización en 2011 tras cesar en el cargo el pasado julio. Sin embargo, dada la opacidad que se mantiene en torno a los emolumentos que percibe esta figura institucional, la cuantía es una incógnita. Ni viene detallada en los Presupuestos, a diferencia de los otros órganos constitucionales, ni en la institución hacen pública la remuneración a falta de una obligación legal. La transparencia y publicidad no ha llegado hasta el sueldo del Defensor.

El Ejecutivo ha recortado los fondos a las oficinas de los ex presidentes

En un año de ajustes, el Ministerio de Presidencia ha recortado los fondos para las oficinas de los tres ex presidentes del Gobierno. A partir de 2011, dispondrán de 79.300 euros cada una frente a los 90.000 de antes de la crisis, según consta en las Cuentas del próximo año. En las oficinas de Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar, el recorte ha sido de un 11,8%. Ninguno de los tres cobra pensión indemnizatoria porque han superado ampliamente las 24 mensualidades a las que tenían derecho.

Para los ex ministros, el Ejecutivo ha dispuesto 170.000 euros y para los ex secretarios de Estado, 200.000. Tras la crisis de gobierno realizada por Rodríguez Zapatero el pasado octubre, los otrora titulares de Exteriores (Miguel Ángel Moratinos), Trabajo (Celestino Corbacho) y Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino (Elena Espinosa), además de la ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tienen derecho a percibir el 80% de la retribución que recibían durante 24 meses.

El Tribunal de Cuentas prevé 1,3 millones de euros para la renovación

Según la ley de 1980, los ex miembros del Ejecutivo (presidentes, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado) cobran esta remuneración, una vez cesados, por un 'plazo igual al que hubiera desempeñado el cargo', sin que puedan superarse los dos años. Las de los últimos ministros cesados en 2010, explicaron en Presidencia, aún están tramitándose. Sus indemnizaciones ascenderán a más de 220.000 euros al año.

La partida de los Presupuestos del 2011 recoge la de los ex ministros de la anterior crisis de Gobierno, en abril de 2009. A lo largo del próximo año, completarán su indemnización Pedro Solbes, Bernat Soria, Magdalena Álvarez, Mercedes Cabrera, César Antonio Molina y Mariano Fernández Bermejo, a razón de una mensualidad de 6.762 euros los ministros y de 7.204 el ex vicepresidente Solbes.

Estas remuneraciones, según establece la ley, son incompatibles con otros pagos que pudiesen corresponderles en caso de ser designados de nuevo para otras responsabilidades en altos cargos constitucionales del Estado. Pero la norma, en este sentido, es confusa a la hora de fijar los límites.

El sueldo del Defensor del Pueblo y su indemnización son una incógnita

Así, la ex vicepresidenta De la Vega será doblemente remunerada en 2011: 58.788 euros de indemnización, más el sueldo como consejera permanente del Consejo de Estado, que asciende a 76.602 euros al año. Moratinos y Espinosa, además de ex ministros, por lo que percibirán 55.184 euros, cobrarán su sueldo como diputados del Congreso. El ex titular de Trabajo, que concurrió a las pasadas elecciones catalanas como número tres, se convertirá en diputado del Parlament próximamente y también verá duplicado su sueldo.

Confiado en completar la renovación del Tribunal Constitucional, su pleno presentó unas cuentas para el próximo ejercicio con una partida de 977.300 euros en concepto de remuneración de transición para los miembros salientes, frente a los 647.000 que previó en el período 2008-2010. Probablemente, contando con el recambio de los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en noviembre y que aún están pendientes de renovarse en el Congreso.

La presidenta del TC perderá 20.000 euros por el retraso en su relevo

De momento, hay cuatro magistrados salientes: la presidenta María Emilia Casas, el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez. El pasado 3 de diciembre, el Senado aprobó definitivamente su renovación.

La cantidad prevista en los Presupuestos de 2011 para la presidenta, que tiene los mismos derechos que los miembros del Gobierno y percibe el 80% de su salario durante 24 meses, asciende a 124.100 euros para las primeras 12 mensualidades. El retraso en su relevo le llevará a perder 20.000 euros. Y es que, tras el recorte de junio, la remuneración de Casas se redujo hasta los 129.271 euros frente a los casi 150.000 de un año antes.

Con el casi millón de euros presupuestado para 2011, el TC podrá satisfacer la indemnización de su ex vicepresidente Guillermo Jiménez, cuyo salario adelgazó hasta los 121.865 euros en junio, así como la de los magistrados que oscilan entre 110.520 y 116.192 euros. De acuerdo con la Ley Orgánica del TC, los magistrados que desempeñen su cargo 'durante un mínimo de tres años' tienen derecho a percibir un sueldo 'equivalente al que percibieron en el momento de su cese' por un año. Requisito que también cumplen los otros cuatro miembros cuyo mandato caducó hace un mes.

Pendientes de renovación están también en el Tribunal de Cuentas, donde sus consejeros están en funciones desde noviembre. Su presupuesto para 2011 se ha incrementado por las indemnizaciones, ya que incluye una partida 1,2 millones de euros en concepto de remuneraciones de transición, a repartir entre los 11 miembros de este órgano en caso de que sean renovados finalmente. Uno de ellos falleció en 2007. Los consejeros de cuentas cobraban antes del recorte por la crisis 125.086 euros.

Para el presidente, Manuel Núñez, las cuentas del Tribunal prevén una pensión de 217.870 euros, si bien su reconocimiento recae en la Mesa del Congreso. El pago, explican en la institución, se puede efectuar en una única mensualidad o en 12, según prefieran los afectados. En el Tribunal aseguran que aún no hay signos de que vayan a producirse los cambios, sin embargo su máximo responsable comunicó oficialmente antes de verano que el mandato de 11 de sus 12 consejeros expiraba en noviembre.

Menos cuantiosas son las indemnizaciones previstas para los ex miembros del Consejo de Estado. Los presupuestos de 2011 incorporan una partida de 67.700 euros para el presidente, Francisco Rubio Llorente, en caso de que cese en su cargo. Como otros altos cargos constitucionales del Estado, tiene derecho a percibir el 80% de su remuneración durante 24 meses. Una cantidad que no ha sufrido modificación alguna en los últimos cinco años.

Para los ex consejeros permanentes, que son nombrados sin límite de tiempo y son inamovibles en sus cargos, está cuantificado un total de 165.170 euros en 2011. Esta cantidad, señalaron en la institución, está destinada a satisfacer la renuncia de Jerónimo Arozamena, que cesó en el cargo en junio de 2009, y el de Miguel Vizcaíno, que renunció a su puesto de presidente de la sección séptima del Consejo de Estado este verano. Su vacante fue ocupada por María Teresa Fernández de la Vega.

En 1999, IU presentó una proposición de ley para desenmarañar el “maremágnum legislativo” que regula las pensiones e indemnizaciones de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración, clarificar quiénes podían percibirlas y limitar los “privilegios económicos desorbitados” que podían llegar a alcanzar estas mensualidades y que contrastaban con los esfuerzos que se pedía a los ciudadanos para reducir el déficit.

La proposición ni siquiera fue tomada en consideración. Obtuvo sólo 22 votos a favor (la federación de izquierdas tenía 19 diputados entonces), 266 en contra y dos abstenciones. Las dos formaciones mayoritarias se opusieron. Desde IU señalan que hicieron otro intento la pasada legislatura, dentro de la ‘marea’ de transparencia que se vivió entonces. Hoy, con un único diputado y tasados los proyectos que pueden registrar por periodo de sesiones, según explican en IU, han cejado en su empeño.

Lo cierto es que a través de las leyes de presupuestos generales del Estado el número de beneficiarios de estas pensiones de indemnización ha ido aumentando paulatinamente. La norma de 1980 se refería a los ex ministros del Gobierno y asimilados, siendo estos el presidente de las Cortes, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuentas y el del Consejo Económico Nacional, según una ley de 1974. En los PGE de 1987, las pensiones indemnizatorias se extendieron al presidente del TC, al Defensor del Pueblo y el fiscal general del Estado. En 2001, estas prebendas se añadieron para los adjuntos al Defensor y, en la ley de 2009, para los consejeros permanentes del Estado.