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El exdelegado de Empleo de Sevilla, un condenado al que no se esperaba

La sorpresa en el veredicto del jurado ha sido la inclusión, junto a los condenados Mellet y Ponce, de Antonio Rivas, en base a pruebas bastante endebles

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La condena de los directivos de la empresa municipal Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce estaba cantada. Cuando te pillan con el carrito de los helados, ni el mejor abogado del país logra librarte de una condena. Y a Mellet y Pone los habían pillado con el carrito: en una reunión celebrada a comienzos de 2009 ambos fueron grabados por dos empresarios de hostelería de Sevilla a los cuales los ahora condenados les pidieron 450.000 euros a cambio otorgarles la gestión de una escuela de hostelería promovida por Mercasevilla y para cuya creación la Consejería de Empleo había otorgado una ayuda de 900.000 euros. Y también estaba cantada la exculpación de la cuarta procesada, la funcionaria Regla Pereira, que probablemente ni siquiera hubiera debido sentarse en ese banquillo.

La sorpresa en el veredicto del jurado ha sido la inclusión junto a los condenados Mellet y Ponce del exdelegado de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas. Y la sorpresa no se debe solo a que Rivas hubiera tomado la precaución de contratar para su defensa a uno de los mejores abogados del país, el prestigioso penalista Francisco Baena Bocanegra, sino sobre todo a que incluso las propias acusaciones habían admitido durante el juicio que las pruebas contra Rivas eran bastante endebles. El jurado no ha opinado lo mismo.

De hecho, la prueba más sólida contra Rivas era la declaración que el director de Mercasevilla, Fernando Mellet, hizo ante la Policía cuando esta lo interrogó durante la instrucción del caso, dirigida por la jueza Mercedes Alaya. Mellet, que durante el juicio se ha negado a declarar, no ha ratificado después su afirmación de que Rivas estaba implicado en el intento de cohecho, pero tampoco se ha desdicho de ella. Preguntado durante el juicio el policía que le tomó declaración, el funcionario testificó que la acusación de Mellet le pareció perfectamente creíble y que no veía por qué en aquel momento el ejecutivo de Mercasevilla habría de mentirle.

Con esos frágiles mimbres, el jurado ha condenado a Rivas. Sin duda, el experimentado Baena Bocanegra recurrirá el veredicto y no es improbable que consiga darle la vuelta. No obstante, aunque lo consiga, ni siquiera una virtual absolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía elevaría a Antonio Rivas a los altares de la inocencia absoluta ni restauraría automáticamente la confianza en él de sus excompañeros del PSOE andaluz, pues no en vano la jueza Alaya vincula al ex altor cargo socialista con la inclusión en distintos ERE financiados por la Junta de varios intrusos, entre ellos un cuñado y un concuñado suyos.

Políticamente, la única condena en este primer juicio que resulta embarazosa para el PSOE es la de Rivas, suspendido de militancia desde su imputación en el caso, pero bien conocido en la estructura sevillana del partido. Mellet y Ponce, por su parte, nunca han sido cargos políticos en sentido estricto ni tampoco militantes, aunque sí nombramientos de confianza.

En la dirección socialista se cree que el partido ya ha sufrido una fuerte sangría electoral por el caso de los ERE y, dado que no hay en el inmediato horizonte nuevas citas con las urnas, lo peor tal vez ya ha pasado. Pero solo tal vez. El de Mercasevilla solo ha sido el primero de los juicios, pero no el más importante, que sin duda será el relativo a la concesión por parte de la junta de los casi 700 millones de euros durante diez años para financiar prejubilaciones de trabajadores y ayudar a empresas en crisis.

La Junta y el propio PSOE confían en que el juicio oral, para el cual no hay fecha puesto que la instrucción todavía no ha concluido, no confirmará la tesis central de la jueza instructora, según la cual todos esos cientos de millones de euros se concedieron de forma ilegal con el conocimiento y el consentimiento de los altos responsables de la Consejería de Empleo. Entre el más de medio centenar de imputados figura el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, varios exviceconsejeros y otros altos cargos.

Pero la importancia del primer juicio de Mercasevilla no es solo procesal, sino también política. Y simbólica. En Mercasevilal fue donde se detectaron los primeros intrusos incluidos de manera fraudulenta en ERE de empresas en las cuales nunca habían trabajado. Con buen instinto investigador, la jueza Alaya, que se encontró con los intrusos de pura casualidad mientras investigaba el intento de soborno de Mellet y Ponce, ordenó el escrutinio de otros expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta. Su instinto no la engañó. ¡Bingo! El caso de los ERE se convirtió en el mayor escándalo político a lo largo de los más de treinta años que los socialistas vienen gobernando en Andalucía. La sopresa de Rivas es la primera, pero puede no ser la última.