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El exdirector de Trabajo avaló con su firma un ERE con una intrusa

Javier Guerrero rubricó su conformidad con el pago de pensión a una falsa prejubilada

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Javier Arenas hizo este domingo pública durante su comparecencia una documentación que, según sus palabras, 'pone de manifiesto cómo el resultado final de algunos ERE donde hay personas que no debieran estar tienen la firma de los responsables de la Junta'. Los documentos mostrados por Arenas son dos. El primero es un correo electrónico que Antonio Albarracín, en representación de la consultora Vitalia Vida, envió el 23 de noviembre de 2005 a la Dirección General de Trabajo adjuntando la carta de financiación de la empresa Río Grande Sevilla, donde aparecen los nombres de 13 trabajadores prejubilados. El correo solicita que la carta sea firmada y remitida de vuelta. El segundo es un documento oficial de la Dirección General de Trabajo que muestra su 'conformidad' para que se suscriba una póliza con los '13 extrabajadores' y se 'compromete' a abonarles 64.092,96 euros a fecha 1 de junio de 2006 y la misma cantidad a fecha 1 de junio de 2007.

Este documento, del mismo 23 de noviembre de 2005 en que Albarracín envió su correo electrónico, lleva la firma de Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo. Con su firma Guerrero avaló un ERE fraudulento. ¿Por qué? Entre los 13 prejubilados figura el nombre de Carmen Fontela, una de las intrusas. Una mujer que nunca trabajó en la empresa Río Grande. Lo que no puede deducirse de los documentos es que Guerrero supiese que en el listado de pensionistas se había colado una falsa prejubilada.

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, es señalado por la Policía Nacional como uno de los 'actores' principales de la trama de falsos prejubilados destapada en Andalucía. Precisamente una declaración suya durante un interrogatorio policial abrió la caja de los truenos. Guerrero declaró que la Junta había dispuesto de un multimillonario 'fondo de reptiles' -expresión que alude a dinero para pagar sobornos- para solucionar conflictos con empresas en crisis y suavizar los traumas sociales de sus cierres. En realidad se trata de 647 millones de euros presupuestados, si bien la forma en que se repartió es considerada por la Policía Nacional 'constitutiva de infracción penal' por su 'arbitrariedad e injusticia'.

Hace diez días Guerrero rectificó sus declaraciones y dijo que la expresión 'fondo de reptiles' había sido 'desafortunada' y 'mal entendida'. 'Para mí, siempre ha tenido el sentido de un fondo para apuros, no con intención de hablar de nada oculto ni fuera de la ley, sino para garantizar recursos que afronten los graves problemas de tipo social derivados de los desajustes del mundo laboral andaluz', señaló.