Papa Balla no ha olvidado la noche en la que creyó morir. Lo sacaron cogido del cuello de un pub de Valencia 'por ser senegalés, por ser negro', según su propio testimonio, y luego le golpearon en la acera hasta que perdió el conocimiento. 'Eran una decena. Al amigo chileno que me acompañaba le partieron un brazo'. Su caso es sólo una gota en el océano de impunidad en el que está sumergido el País Valencià desde hace años y que ha llevado a Movimiento contra la Intolerancia a elaborar un informe específico sobre este territorio.

El dossier sobre racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia (Raxen) se presentó ayer en Valencia y recoge los delitos cometidos entre 2007 y 2010, que van desde el improperio xenófobo hasta la utilización de cócteles molotov contra formaciones políticas o la presencia de grupos neonazis armados hasta los dientes. Por este motivo, Esteban Ibarra, presidente de la entidad, reclamó una fiscalía de delitos de odio similar a las que ya existen en Catalunya y Madrid. 'No es una excentricidad. Los casos son más que sobrados', apuntó.

Según Ibarra, el principal escollo para esta iniciativa es el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, que siempre ha considerado que estas infracciones están 'dentro de la normalidad democrática'. El pasado junio, tras la presentación del informe Raxen con motivo de la crisis económica, Peralta restó credibilidad al contenido del dossier. 'No contribuye a mejorar las relaciones', explicó en una rueda de prensa en la que también aseguró que la creación de una fiscalía específica 'no tiene justificación porque no se producen acontecimientos de relevancia'. Unas palabras que, según Ibarra, suponen una 'trivialización' de la 'soledad y desamparo en la que se encuentran muchas víctimas'. Acto seguido recordó que la Unión Progresista de Fiscales y la Conselleria de Inmigración ya han solicitado formalmente la creación de una fiscalía especial en Valencia.

Por su parte, Antoni Gisbert, portavoz de Acció Popular contra la Impunitat, destacó que en Valencia se vive 'una situación de excepcionalidad, no tanto por la cantidad de los ataques sino por la impunidad con la que tienen lugar'. Gisbert lo atribuyó al especial arraigo de organizaciones de ultraderecha, de corte antivalencianista, que fermentaron durante la Transición y que han sobrevivido al paso del tiempo bajo la máscara de asociaciones culturales. 'Se sabe quiénes son, pero no se actúa. La lista de denuncias es larga y la impunidad alimenta más casos', lamentó Gisbert.