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Faisal quiere quedarse

Amnistía Internacional denuncia que las distintas administraciones expulsan a los menores inmigrantes bajo el pretexto de la reagrupación familiar

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La historia de Faisal es triste. Así, sin más, de principio a fin. Y, sin embargo, no parece que las cosas vayan a cambiar. 'Tengo miedo', dice con un hilillo de voz a través del teléfono. La administración, al fin y al cabo su tutor legal, no ha resuelto su situación y el jueves pasado cumplió dieciocho años. Así que el fantasma de la expulsión a Marruecos es ahora más real que nunca.

Según datos de Fiscalía de Extranjería, a lo largo de 2006 se iniciaron los trámites para abrir un expediente de repatriación a 1.300 menores. En 111 casos se llegó hasta el final. Distintas organizaciones de derechos humanos denuncian que la Administración española está haciendo expulsiones de menores no acompañados disfrazadas de reagrupaciones familiares. 'Muchas veces se intentan agotar los plazos para que lleguen a los dieciocho años (sin papeles). Hay graves incumplimientos de la Ley de Extranjería', afirma Virginia Álvarez de Amnistía Internacional (AI).

Mala suerte

Faisal nació en Larache, Marruecos, pero creció en el Sáhara Occidental. Su padre era militar hasta que a los cuarenta y cinco años, como es costumbre en el ejército marroquí, lo jubilaron. De ahí, intentó seguir la tradición familiar y hacerse pescador en Larache. Imposible. Las cosas ya no estaban fáciles, así que optó por coger el petate, entregar hijos y esposa a su familia y largarse. Más a menos así estaba la situación cuando Faisal, con dieciséis años, decidió emigrar. Uno más entre todos aquellos niños que en Tánger o en la frontera ceutí esperan su oportunidad. La suya llegó. Y de los bajos de un camión pasó a Ceuta, de allí a Algeciras y, por fin, llegó a Barcelona.

Durante tres meses estuvo vagando por las calles de la ciudad condal. Primero durmió en los bancos, después en una casa en ruinas. Un día no pudo más, se armó de valor y pidió ayuda. Ingresó en un centro de la Generalitat. Ya tenía un tutor, la administración catalana, pero como el padre natural, éste también salió algo rana.

De un centro a otro

'Faisal no es una anécdota. Entre abril y mayo de 2007 el 50% de los niños se fueron del centro Can Mas', afirma Vicenç Galea, del colectivo DRARI por los derechos de los niños. Galea explica que 'al niño, todo el mundo le dice a todas horas que será expulsado. Le dicen ‘sólo trabajamos para repatriarte'. Sólo reciben este mensaje'. Y de ahí, el terror y la huida.

Cuando el rumor de la expulsión empezó a circular por Can Mas, Faisal, junto a otros compañeros, empezó a correr. Tomaron la Ruta del Norte, como la llaman ellos, es decir, Euskadi, Asturias, Cantabria y Galicia. A Faisal le tocó Asturias y allí empieza una carrera a contrarreloj.

'Este niño está condenado desde el principio', afirma Luisma Rodríguez, del Colectivo Social y Justicia, quien, indignado y algo cansado, ha luchado hasta el último momento para que alguien, Asturias o Catalunya, inicie la tramitación del permiso de residencia para Faisal. Pero han llegado tarde. Ya tiene dieciocho años.

Faisal ha sido un estorbo para ambas comunidades autónomas. El tutor legal siempre ha sido Catalunya, que habría cedido sin problemas la tutela a Asturias, pero ésta nunca la ha querido. 'No podemos dar la imagen de que esto es un paraíso', afirma un portavoz de la Consejería de Bienestar Social del Principado. Catalunya siempre ha apostado por la reagrupación familiar y Faisal siempre se ha negado. '¿Qué voy a hacer en Marruecos? Quiero ser soldador ', dice en un español muy precario. 'Y quedarme en Asturias, Catalunya no'.

Lo cierto es que Faisal lo tiene muy complicado. Ahora mismo es un inmigrante. No un menor. Si la Policía lo encuentra por la calle, le puede abrir un expediente de expulsión. Eso sí, Asturias le ofrecerá que deje el centro de menores y que pase a un piso, pero nada de papeles. Nadie ha dicho que la Administración funcione con lógica.

 S.O.S Racismo Asturias emitió un comunicado la semana pasada en el que denunciaban que las autoridades muestran cierta desidia en el cumplimiento de sus obligaciones hacia los menores no acompañados. Concretamente, la entidad afirma que hay una discriminación mayor hacia los menores marroquíes, ya que a ellos se les mantiene más tiempo en los centros de primera acogida, y se les ponen más trabas a la hora de documentarlos.