Se avecina tormenta y tocará resituarse. La sentencia que el Tribunal Constitucional (TC) prepara sobre el Estatut se prevé, como adelantó ayer Público, severa en temas tan sensibles como el de la lengua catalana, que por ahora es el que encalla el debate entre los magistrados. El PSC, ERC e ICV-EUiA saben que su Govern no será ajeno al fallo que emita el alto tribunal y que incluso puede llevar de nuevo a un final abrupto de la legislatura.

El Govern sólo se blindaría si la sentencia que vea la luz a principios de 2009 no toca ningún artículo sensible ni obliga a hacer de ellos una lectura a la baja. El PSC se cierra en banda a especular sobre el contenido de la sentencia y se limita a repetir una y otra vez que el Estatut es constitucional y que no contempla otra opción que su salida indemne del TC pese a saber de la complejidad que entrañan temas como el del catalán.

Su objetivo es la unidad de las fuerzas políticas catalanas en pro de una respuesta moderada e intentar después que, con leyes en las Cortes, se consiga  algo similar a lo que recorte un tribunal del que José Montilla ha denunciado el “desprestigio” y “politización”. De hecho, ayer su secretario de organización, José Zaragoza, insistía en la “necesaria puesta en común de todas las fuerzas políticas catalanas” más allá de hablar de elecciones anticipadas o referendos, como hacen Artur Mas y CDC.

Pero no sólo el principal partido de la oposición está en tesis más o menos rupturistas si se recorta el autogobierno. También Esquerra tiene un panorama muy complejo ante sí. Su secretario general, Joan Ridao, advertía ayer después de la ejecutiva nacional de que tanto la sentencia como el resultado de la negociación de la financiación “marcarán las futuras pautas políticas del Govern”.

En su congreso de junio los independentistas asumieron, a instancias de los críticos, promover un referéndum autodeterminista coincidiendo con elecciones anticipadas si hay recorte. Todo ello previo pronunciamiento solemne del Parlament.

Esquerra marcó una respuesta “adecuada” al recorte como una de las líneas rojas que Montilla no podía traspasar si quería asegurarse un mandato tranquilo. Pero fuentes de la dirección admitían que los “problemas” derivados de la sentencia no se resolverían “saliendo del Govern” y auguraban una dura batalla a nivel de opinión para dirimir hasta qué punto la sentencia que se prepara lesionará el autogobierno.

Este lunes las tres formaciones de izquierdas debatían sobre la necesidad de renegociar el acuerdo de Govern para encarar la crisis económica, tal y como pidió este fin de semana ICV. Joan Saura propondrá una cumbre a tal efecto. Zaragoza dejó claro que en ningún caso habrá “revisión o renegociación” pero que sí se buscará una “estrategia común ante la crisis”. Ridao, cuya formación también pidió en su día revisar el acuerdo, se mostró conforme pero mostró poco entusiasmo.

La ‘sociovergencia’

Un pacto entre el PSC y CiU es la gran apuesta de Duran i Lleida. También de la mayoría de los ‘poderes fácticos’ catalanes y el PSOE. Pero Mas no quiere cerrar puertas y, sobre todo, no quiere hacerlo ahora. Por eso ayer le recordó a Duran, con quien compareció en rueda de prensa tras la ejecutiva nacional de la federación CiU,  que de pactos sólo se hablará después de las elecciones y no antes, tal y como viene haciendo el líder de Unió. Mas evitó cerrar la puerta a un acuerdo con ERC pese a que insistió en que el objetivo debe ser que el tripartito “no sume”. Mas recordó, en todo caso, que los nacionalistas se encontraron con noes del PSC a pactar en 1980 y en 2006.

Reunión PSC-UDC

Sobre la reunión que, el viernes, mantendrán el PSC y Unió y que causó sorpresa y malestar en CDC, Duran y Mas quitaron ayer hierro al asunto y lo enmarcaron en la normalidad. Consideraron que no debilita la imagen de la federación mientras Zaragoza (PSC)  se apresuraba a decir que una de las cosas que pedirán a Duran es que contenga el radicalismo de su socio y líder de federación.

Sin noticias congresuales

En los congresos de Unió y CDC se evaluó la marcha de la federación y la necesidad de hacer reajustes más o menos profundos. Pero ayer su máximo órgano de gobierno obvió el asunto.