'Perdida, sin saber qué hacer'. Así se sentía ayer Juana Ortega, la madre de Antonio Meño el joven que se quedó en coma hace 21 años tras una operación de cirugía estética, después de recibir la noticia de que los abogados que iban a encargarse de su caso habían decidido no continuar con su labor.

La familia fue condenada a pagar 400.000 euros por los costes judiciales de los procesos en los que habían participado desde que denunciaron a la clínica que operó a Antonio. Juana, su marido y su hijo encamado decidieron protestar instalándose en una caseta frente al Ministerio de Justicia, en Madrid. Allí vivieron durante más de año y medio, hasta que hace un mes el Tribunal Supremo reabrió su caso y desestimó la condena. Ahora sólo queda negociar con las aseguradoras una cantidad que permita a la familia cubrir las necesidades de atención médica que Antonio necesita.

Luis Bertelli, el letrado que había acompañado a los Meño en estos últimos procesos, anunció al inicio de este mes que abandonaba el caso porque ya había cumplido con su misión de hacer justicia. Ataúlfo López-Mingo iba a ser, en principio, el encargado de suceder a Bertelli, pero no fue así. Juana recibió un correo notificándole que López-Mingo tampoco se haría cargo de su situación. 'Porque somos muy mediáticos, me ha dicho', explica sorprendida. El letrado, por su parte, tiene constancia de que la prensa del corazón está tentando a Juana para que acuda a televisión. 'Eso sólo perjudicaría las negociaciones y, además, yo trabajo en despachos y tribunales, no en medios de comunicación', alegó López-Mingo.