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Las farmacias manchegas secundan la huelga de manera "rotunda"

Apenas 91 de las 1.030 farmacias que hay en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo han abierto

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Los farmacéuticos han cumplido de manera 'rotunda' con su convocatoria de huelga a pesar de que el gobierno de Castilla La Mancha les había amenazado con multas de hasta 15.000 euros.

La gran mayoría de las farmacias de todas las provincias de la Comunidad Autónoma, excepto Albacete, han secundado protesta por la deuda de 125 millones de euros que mantiene el Gobierno regional con el sector desde mediados de mayo.

Apenas 91 farmacias de las 1.030 que hay en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo han abierto, además de las 221 que han permanecido de guardia en estas cuatro provincias y las 244 de Albacete que no se han sumado a este cierre patronal, según los datos facilitados por el Gobierno regional y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

El conflicto entre los farmacéuticos y el nuevo Gobierno del PP en Castilla-La Mancha ha ido en aumento desde principios de julio, cuando el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, se reunió con el Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam) para dar una solución al impago de facturas. Desde ese momento, la deuda ha crecido y se sitúa ya en 125 millones de euros correspondientes a las mensualidades íntegras de junio y julio y la mitad del mes de mayo.

El 'mismo problema' lo tienen otras comunidades autónomas como Baleares y La Rioja, lo tuvo Murcia y 'está empezando a tenerlo' Valencia, todas ellas del PP, como ha reconocido la secretaria general de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles y presidenta de la Federación de Empresarios de Farmacia de Castilla-La Mancha, María Dolores Espinosa. La 'diferencia' con el resto de comunidades autónomas es que en Castilla-La Mancha hay numerosos municipios con muy poca población y las farmacias de zonas rurales suponen el 80 por ciento de las que hay en Castilla-La Mancha.

Se trata de pequeñas localidades en las que 'el único responsable sanitario es el farmacéutico', ha dicho Espinosa, y es precisamente la pervivencia de estas farmacias la que peligra porque no pueden hacer frente al pago de los medicamentos. La solución a este problema depende de cada comunidad autónoma, pero en el caso de Castilla-La Mancha los farmacéuticos reclaman un calendario de pagos.

María Dolores Espinosa se ha mostrado satisfecha con la respuesta de los farmacéuticos a la convocatoria de cierre, que ha tenido un seguimiento 'rotundo' y ha explicado que la deuda supone 'una cantidad muy grande' para ellos. Las farmacias de Castilla-La Mancha son empresas 'muy pequeñas' que se han visto obligadas a aplazar los pagos a los proveedores e incluso pedir créditos personales. 'Llegados a este punto, no nos dan más crédito', ha añadido Espinosa.

El Gobierno regional ha advertido de que el cierre no está autorizado y de que, por tanto, las farmacias se enfrentan a una 'falta grave' que puede suponer una multa de entre 3.000 y 15.000 euros. Los farmacéuticos asumen las posibles sanciones pero explican que han presentado autorización con 'suficiente antelación' y que el Gobierno regional no ha contestado.

Por su parte, el PSOE llama a la responsabilidad del PP y le insiste en que llegue a un acuerdo con el sector porque, según la oposición, el problema se centra en 'priorizar'. La oposición explica que el anterior Gobierno socialista priorizaba el pago de los medicamentos porque lo consideraba 'indispensable' para los ciudadanos, pero el nuevo Ejecutivo autonómico dedica el dinero 'a otras cuestiones'.

En la misma línea, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha afirmado hoy que el pago de los medicamentos a las farmacias es una competencia autonómica y que el abono de la deuda adquirida por el Gobierno de Castilla-La Mancha con los farmacéuticos 'debe ser prioritario'. El Ministerio ha recordado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 19 de agosto un real decreto Ley con medidas de ahorro que suman 2.400 millones de euros anuales y permitirán a las autonomías pagar a los proveedores y mantener las prestaciones.