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Feijóo financia el boicot ultra a la Ley del Aborto

Una red antiabortista asesorará a las gestantes gallegas

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La Xunta dejó ayer la atención a las mujeres embarazadas en Galicia en manos de un grupo que considera el aborto la primera causa de muerte en España. Gracias a la ley que sacó ayer adelante el PP en el Parlamento gallego, el Gobierno conservador de Alberto Núñez Feijóo creará una 'red de apoyo a la mujer embarazada' gestionada por la asociación antiabortista Red Madre y que será financiada con fondos públicos.

La encargada de defender la propuesta por parte del PP, Paula Prado, aseguró ayer a Público que la norma 'no va a poner en peligro la aplicación de la Ley del Aborto', que entra en vigor en toda España el 5 de julio. 'Sólo pretendemos garantizar que haya dos opciones para las mujeres gestantes, y no únicamente la de abortar. La intención de la ley es que las dificultades económicas no impidan a las mujeres decidir con libertad; no queremos que la maternidad sea una cosa de ricos o pobres', afirmó.

En cambio, la oposición critica que, mientras se está 'desmantelando' la red asistencial pública, se vaya a sostener con fondos de la Xunta una organización privada para, teóricamente, desarrollar una labor que ya realizan actualmente los casi 80 oficinas de información que existen y los centros de servicios sociales.

'Le van a hacer publicidad a estos grupos antiabortistas con medios públicos. Con esta ley no están más que pagándole los favores electorales al Foro de la Familia', denuncia a este diario la diputada gallega y portavoz de juventud del Partido Socialista de Galicia, Silvia Fraga.

La ley es el resultado de una iniciativa legislativa popular planteada en la cámara gallega por lobbies ultracatólicos como el Foro de la Familia, que ha protagonizado numerosas protestas contra el Gobierno socialista. A través de esta norma se obliga a los ayuntamientos y a los centros de salud a informar a las embarazadas de la existencia de la red.

Además, propicia el desarrollo de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial para preservar el derecho de la mujer a culminar su embarazo, y recoge el 'derecho a la vida en formación desde la concepción'.

Esa idea es una de las que más preocupa, ideológica y jurídicamente, a la diputada y portavoz de igualdad del BNG, Ana Pontón: 'Esta norma tiene un trasfondo ideológico muy fuerte. Crea una red orientada únicamente a impedir que las mujeres aborten y defiende conceptos rechazados por los tribunales', en referencia a la defensa de que existe vida humana desde la concepción.