¿Qué tipo de actividad o voluntariado alternativos a Educación para la Ciudadanía hay que impartir? ¿Con qué estructura y qué profesorado? ¿Cómo se evaluará? ¿Y con qué dinero se pagará a los docentes que atiendan a los alumnos que objeten a esta asignatura? Concreciones como estas son las que pide la Federación de Religiosos de Enseñanza (FERE) a la Comunidad de Madrid sobre su alternativa a Ciudadanía.

En una circular enviada a sus centros escolares, exige al Gobierno de Esperanza Aguirre que plasme su vía para amparar a los objetores en “una pauta de naturaleza legal y suficientemente clara”. La finalidad es despejar dudas a los titulares y directivos de los centros sobre cómo actuar ante casos de objeción.

Además, FERE ha planteado esta queja directamente a la Consejería de Educación. En una primera toma de contacto el viernes y en otra ayer, el departamento de Lucía Figar le trasladó que no ve conveniente dar más detalles sobre cómo actuar con los objetores a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, explicó a Público el secretario de FERE-Madrid, Emilio Díaz. Mientras tanto, estos representantes de 340 colegios concertados en Madrid recomiendan atender la carta enviada la semana pasada por la Consejería.

FERE entiende así que la atención educativa a los objetores puede hacerse en bibliotecas, desdoblamientos de clases, seminarios en la misma aula, pero con una tarea diferente, o en actividades para el centro. Es decir, que cualquier ocupación del alumnado es “válida”.