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Fianza de 500.000 para el ex alcalde de Santa Coloma

Bartomeu Muñoz ha abierto una colecta, pero no confía en salir de prisión antes de las fiestas

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El juez Baltasar Garzón fijó ayer otra fianza para un imputado del caso Pretoria. El ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz podrá abandonar la cárcel, en la que se encuentra ingresado desde el pasado 30 de octubre, en cuanto haga efectivos los 500.000 euros fijados por el magistrado.

Pese a lo ocurrido con los ex dirigentes de CiU imputados en la causa, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, que abonaron en cuestión de horas la fianza de un millón de euros que el juez impuso a cada uno de ellos, en pleno puente de la Constitución, el abogado de Muñoz, Fermín Morales, se mostró excéptico respecto a las posibilidades de que su cliente pudiera hacer efectiva la fianza antes de las fiestas navideñas.

El letrado explicó a Público que se ha abierto una cuenta de suscripción popular de ciudadanos de Santa Coloma, que ya cuenta con más de 100.000 euros. Aunque la cantidad no es pequeña sobre todo teniendo en cuenta que se trata de ayudar a un ex regidor acusado de varios delitos cuya víctima son las arcas municipales representa sólo un quinto de la cantidad fijada.

Para poder llegar a 500.000 euros, la defensa se dispone a negociar avales con entidades bancarias sobre los inmuebles propiedad de la familia de Bartomeu Muñoz, operación que alargará los trámites para recaudar el dinero. Una vez pagada la fianza, el ex alcalde deberá comparecer cada 15 días en el juzgado y tendrá prohibido abandonar el país. Está acusado de asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones de la Unión Europea, falsedad y fraude y exacciones ilegales.

En ese momento, de los 20 imputados que hay en el caso, sólo permanecerá en prisión el presunto cabecilla de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, Luigi. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el pasado día 11 la decisión de Garzón de enviarlo a prisión, al considerarlo 'nexo de unión de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma', cuyas arcas dejaron de ingresar 13 millones de euros (menos de lo que se sospecha perdieron los de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona).

Salvo en el caso de Luigi, Garzón ha suavizado las medidas impuestas a los demás imputados con el argumento de que se han practicado las diligencias más urgentes, lo que ha reducido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El 30 de octubre, Garzón envió a prisión a cinco de los imputados e impuso fianzas al resto. El primero en beneficiarse de este cambio de criterio fue el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco, quien pudo salir de la cárcel tras pagar 200.000 euros.