La exigencia de responsabilidades penales a los controladores aéreos por el motín que protagonizaron en el puente de la Constitución dio ayer un salto cualitativo con el envío a los Juzgados Centrales de Madrid de la denuncia de la fiscalía provincial contra 175 técnicos que abandonaron su trabajo en las torres de Barajas y Torrejón de Ardoz. El fiscal les imputa un delito de sedición, castigado con penas de entre ocho y diez años de cárcel.

La fiscalía empleó también esta figura penal contra los trabajadores de Iberia detenidos en septiembre de 1996 tras bloquear las pistas de El Prat en una protesta que retuvo a miles de pasajeros.

La denuncia alcanza a 175 controladores de Barajas y Torrejón de Ardoz

La judicialización del caso pasa así a una nueva fase. El trámite que hizo ayer el ministerio público marca la pauta a seguir y el delito a imputar en el primer eslabón de una larga cadena en la que las distintas fiscalías provinciales remitirán a juzgados de toda España las diligencias que abrieron de oficio por el plante de los controladores en cada uno de los aeropuertos afectados.

En el caso de Madrid, y como primer paso, el decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla deberá decidir en los próximos días qué juzgado tramitará la denuncia. Hasta ahora, la única que se ha presentado por sedición relacionada con este caso planteada por el colectivo ultraderechista Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo afectado se encuentra sobre la mesa del juzgado número 28 de Madrid.El número 3 de Plaza de Castilla ha recogido también varias denuncias en relación con este caso, aunque no incluyen este delito entre los atribuidos los controladores.

Otras fiscalías provinciales seguirán el camino de la de Madrid

De este modo, si se considera que los hechos notificados son los mismos, uno de estos juzgados podría asumir la denuncia de la Fiscalía de Madrid, cuyo responsable, Eduardo Esteban, prometió ayer firmeza frente a los controladores. Esteban adelantó que el ministerio público 'intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias' y advirtió de que no es 'en absoluto descabellado' que se solicite el embargo de bienes de los controladores en el marco de las actuaciones judiciales que se sucederán a partir de este momento.

Este embargo trataría de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso recién abierto, entre ellas, las indemnizaciones que reclaman los afectados por el parón aéreo, que suman cifras millonarias.

La fiscalía ha denunciado a los controladores basándose en un informe remitido por Aena sobre los hechos ocurridos durante el pasado puente de la Constitución, que se ha unido a las notificaciones de la Guardia Civil que incluyen la relación de los controladores que se ausentaron de sus puestos el 3 y el 4 de diciembre.

La Audiencia Nacional sostiene que no juzga este tipo de delitos

La investigación realizada hasta ahora por la fiscalía se ha ceñido a esos informes, ya que los 26 controladores que fueron llamados ante el fiscal los días 9, 10 y 13 de diciembre se negaron a prestar declaración, argumentando no reconocer su competencia. Los controladores adujeron, contra el criterio de la fiscalía, que se les debía interrogar bajo la jurisdicción militar, al encontrarse movilizados por la declaración del estado de alarma vigente desde el 4 de diciembre.

La fiscalía considera, por el contrario, que los hechos investigados son anteriores a esa militarización, por lo que mostró su discrepancia con las excusas de los controladores para frenar su investigación. El interrogatorio pretendía esclarecer cómo se coordinaron en las horas previas al anuncio de bajas médicas masivas con las que los controladores justificaron su imposibilidad de seguir trabajando.

Esta figura penal se usó en 2006 contra los autores del bloqueo del Prat

De hecho, la fiscalía pedirá, una vez que se asigne un juzgado a la causa, que su titular tome declaración como imputados a los técnicos que se negaron a ser interrogados. Aún así, y para alimentar el pulso, los controladores han anunciado en reiteradas ocasiones su rechazo a declarar ante jueces y fiscales hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que han planteado contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) evitó valorar ayer el paso dado por la fiscalía, y señaló que cualquier actuación en el futuro relacionada con este asunto se encuentra 'en manos de sus abogados'.

A la decisión anunciada ayer por la Fiscalía de Madrid se unió el auto de la Audiencia Nacional firmado por el juez Ismael Moreno por la que se declara incompetente para investigar las denuncias interpuestas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua-Consumidores en Acción contra los controladores aéreos.

La Audiencia rechaza la admisión a trámite de las denuncias y remite a la Fiscalía de Madrid las diligencias 'dirigidas a conocer las circunstancias en las que se produjo el abandono masivo del puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos, así como la identidad de quienes procedieron en tal sentido'.

Moreno considera que los hechos denunciados 'no se integran' en el ámbito de competencias de la Audiencia Nacional siguiendo el criterio 'acertado' de la fiscalía. El ministerio público ya se pronunció el pasado 13 de diciembre en contra de la admisión de las denuncias alegando, precisamente, la 'falta de competencia' de la Audiencia, ya que los tipos delictivos denunciados 'no tienen encaje' en los atribuidos a este tribunal.

La iniciativa de las dos organizaciones de consumidores denunciantes se dirige contra la Usca y aquellos 'que se demuestren colaboradores u organizadores' del abandono de los puestos de trabajo de los controladores, así como contra las demás personas que aparezcan relacionadas como 'autores o cómplices'.

Facua y la OCU atribuyen a los controladores la supuesta comisión de los delitos de sedición, abandono de destino, falsedad documental en los informes médicos con los que alegaron su incapacidad para trabajar y coacciones y presentarán una nueva denuncia penal en el juzgado sobre el que recaiga ahora el caso de los controladores.

La presidenta de la agrupación de demandantes afectados por el cierre del espacio aéreo, Elena Fuente, consideró positiva la iniciativa de la Fiscalía de Madrid contra los controladores aéreos ante los juzgados de Plaza Castilla. 'Es un paso adelante por el buen camino de intentar responder al salvaje atropello que sufrieron mas de 600.000 ciudadanos con todo el peso de la ley', afirmó.