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El Fiscal insiste en rechazar la centralización de las demandas

La fiscalía dice que el delito de sedición no es competencia de la Audiencia Nacional

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La fiscalía mantiene su criterio y no quiere seguir un único procedimiento por el caos aéreo que se vivió el puente de la Constitución. Hoy ha informado en contra de la admisión a trámite por la Audiencia Nacional de la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por no estar incluido el delito de sedición que podrían haber cometido los controladores aéreos entre las competencias de este tribunal.

El ministerio público propone al juez Ismael Moreno que archive las actuaciones y las remita a la Fiscalía Provincial de Madrid, que ya tiene abiertas diligencias de investigación.

De hecho, esta fiscalía siguió ayer tomando declaración a los últimos ocho controladores aéreos citados. Como hicieron sus compañeros la semana pasada, todos se negaron a declarar y apelaron a la jurisdicción militar como la competente para investigarles, al encontrarse militarizados desde que el día 4 se decretó el estado de alarma.

Los últimos en comparecer ante el fiscal añadieron a ese argumento que están a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados contra los decretos del Gobierno con los que se cortó el plante que protagonizaron.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha salido al paso del comunicado con el que la mayoritaria Asociación de Fiscales calificó de 'injerencia intolerable' que el Gobierno hubiera indicado al fiscal el derecho a aplicar. En una nota, el ministerio público reconoce 'públicamente' el trabajo desarrollado por los fiscales que abrieron diligencias el mismo viernes día 3 'para aclarar los hechos e identificar a los presuntos responsables'.

En cuanto a la participación del fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros que decretó la alarma, el comunicado cita el artículo 9.2 del Estatuto Fiscal, que prevé esta tarea para aportar 'un criterio estrictamente jurídico, basado en la misión constitucional de interpretar la ley con imparcialidad y en atención al interés general, con autonomía de las decisiones políticas'.