El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota pidió ayer a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que condene a 10 años de cárcel al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al exsecretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga. Les considera autores de un delito de integración en ETA en grado de dirigentes por su participación en el 'órgano de dirección' denominado Bateragune con el que, según el Ministerio Público, la banda terrorista quiso reemplazar a la mesa nacional de la formación ilegalizada.

González Mota hizo más modificaciones en sus conclusiones provisionales, en las que pedía 10 años de cárcel para cada uno de los otros seis acusados. Retiró la pena a tres de ellos, Txelui Moreno, Amaia Esnal y José Manuel Serra, y se la rebajó a otros tres: a nueve años a Miren Zabaleta y a ocho, a Arkaitz Rodríguez y a Sonia Jacinto.

El Ministerio Público afirma que el actual proceso responde a la estrategia de ETA

El fiscal insistió ante el tribunal que a Otegi debe condenársele como dirigente de ETA por el 'papel relevante' que asumió en Bateragune y que ha sido corroborado por los propios acusados y por los testigos que han comparecido en el juicio que hasta le calificaron de 'referente'.

'Nadie duda de que este es un proyecto dirigido por Otegi y Usabiaga, aunque algunos digan que es un proyecto para pacificar', afirmó después de recordar que a Otegi le llamaban Ronaldinho por 'su habilidad para pasar la raya'. Siguiendo con el símil futbolístico, añadió, que sus 'quiebros [...] no le habían permitido pasar de la ilegalidad a la legalidad'.

González Mota afirmó que existen 'pruebas irrefutables' de que Bateragune responde a la estrategia de ETA, por lo que, siguiendo lo establecido en anteriores sentencias, sus miembros deben ser condenados. 'Los que tienen cualquier iniciativa siguiendo instrucciones de ETA son de ETA', porque tiene 'la última decisión', aseguró.

Tras insistir en que no se persigue la ideología, 'sino el soporte para el uso de la violencia', el fiscal hizo hincapié en que ninguno de los acusados ha condenado la ejercida por ETA ni ha pedido a la banda que la deje, ni siquiera Otegi se lo mencionó a los representantes de Eusko Alkartasuna con los que se reunió para formar un polo soberanista que culminó en Bildu.

'Se viene a decir que estamos en un nuevo proceso, pero como mucho es una estrategia que compatibiliza las armas con la lucha institucional', aseveró.

A continuación le llegó el turno al abogado de la asociación de víctimas que preside Francisco José Alcaraz. Juan Carlos Rodríguez Segura mantuvo su petición inicial de 14 años de cárcel para cada uno de los acusados.

No la modificó ni siquiera para aquellos a quienes el fiscal había exculpado por no considerar probado que formaran parte de Bateragune. Sólo acabó planteando una pena alternativa de ocho años de cárcel para ellos. El problema es que no ofreció ninguna prueba quejustifique al menos la condena inferior.

A su juicio, 'la defensa había sido hábil' al hacer que pareciera un 'juicio político', cuando lo que se determina es 'si la conducta de los acusados es encardinable en el delito integración en ETA'.

La primera defensa en intervenir fue la de Amaia Esnal, ejercida por Arantza Zulueta, que aseguró que 'existen condiciones en Euskal Herria para poder abrir una nueva fase, para poder resolver el conflicto en términos estrictamente políticos'. Y pidió al tribunal que 'no entorpezcan esta oportunidad' con una condena 'sin ningún tipo de base jurídica'.