La ley 52/2007 de Memoria Histórica declara ilegítimas 'todas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron restablecer un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución'.

Así se establece en la citada ley que, en cambio, nada dice de declarar nulas las sentencias condenatorias por motivos políticos e ideológicos y que llevaron a la muerte a miles de personas, víctimas de la represión franquista.

Entre otros muchos, este es el caso de Lluís Companys, último presidente de la Generalitat de Catalunya, condenado a muerte y fusilado el 15 de octubre de 1940, o el de Miguel Hernández, víctima del mismo laudo que, en su caso, le fue conmutado por la cadena perpetua.

Para el caso del poeta, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que declare la nulidad e inexistencia jurídica de la sentencia que en 1940 condenó a muerte a Miguel Hernández, ya que es una resolución que actualmente carece de vigencia jurídica debido a su declaración de ilegitimidad derivada de la Ley de Memoria Histórica.

El fiscal Fernando Herrero-Tejedor ha remitido a la sala de lo Militar del TS un escrito, en el que se opone a que se le otorgue autorización a una nieta de Hernández para interponer recurso de revisión contra dicha resolución porque 'no puede revocarse una sentencia que ya no se halla vigente por decisión del Poder Legislativo'.

'La sentencia, cuya revisión se pretende, carece hoy de vigencia jurídica por resultar nula de pleno derecho, lo que convierte la presente solicitud de revisión en un proceso sin objeto: no puede revocarse una resolución inexistente', añade.

El poeta fue condenado por delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte en una sentencia dictada por el Tribunal de Prensa de Madrid en el procedimiento Sumarísimo de urgencia 21.001, condena que posteriormente fue conmutada por cadena perpetua, encontrándose en prisión cuando falleció por causas naturales.

La familia desea recuperar el buen nombre del poeta y ha pedido al Supremo que anule su condena a muerte en virtud de, según alegan, nuevas pruebas desconocidas en el momento de dictarse sentencia.

PP y PSOE rechazaron en el Congreso una ampliación de la ley de Memoria Histórica

Entre dichas pruebas se encuentra otro sumario incoado por el Juzgado de Orihuela (Alicante) contra Miguel Hernández, en cuya instrucción varias personas presentaron cartas de intercesión a su favor, que el fiscal califica de 'meras opiniones personales'.

El escrito recuerda que la Fiscalía se pronunció al respecto en un asunto similar a raíz de la petición de la Generalitat de Cataluña de que el fiscal general planteara ante el Supremo un recurso de revisión contra la sentencias que condenaron a muerte al presidente Lluis Companys.

En caso de Lluís Companys, la Junta de Fiscales de Sala avaló el pasado mes de marzo el informe de la Fiscalía General que concluía que la Ley de Memoria Histórica ha declarado la ilegitimidad de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra del franquismo, por lo que resulta improcedente presentar recursos de revisión contra las sentencias que dictaron porque éstas, a interpretación de la Fiscalía,  son nulas de pleno derecho.

Esquerra Republicana de Catalunya, en septiembre, solicitaba en el Congreso la anulación del proceso contra Companys y una ampliación de la ley de Memoria Histórica. PP y PSOE rechazaron esta petición aludiendo a que dicha ley ya contempla la 'ilegitimidad' de las condenas.