El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, pidió ayer a la Sección Tercera de lo Penal que ordene al juez Fernando Grande-Marlaska reabrir la parte del caso Yak-42 relativa a la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía). Así, se podrá juzgar a los presuntos responsables de lo ocurrido, que en su opinión son el general Vicente Navarro y los oficiales médicos que realizaron las necropsias de los cuerpos.

El representante del Ministerio Público explicó que la “mutación de la verdad” que se produjo, al identificar erróneamente a todos los cuerpos a los que no se pudo poner nombre visualmente, “afecta a un elemento esencial del documento”, un “documento público que emite un funcionario en el ejercicio de su cargo y que está destinado a servir como prueba”.
Según el fiscal, Navarro “rellenó” la lista con los 30 nombres que no habían podido poner los forenses turcos de forma “arbitraria” y “caprichosa”, sin ninguna prueba, porque “no hubo tiempo para ello, ni medios, más allá que la observación de los restos, y porque no se pidieron”.

De los 30 cadáveres, 21 fueron inhumanados y nueve incinerados. Tuvieron que se exhumados para ser entregados a sus verdaderas familias.Por eso, Burgos considera que hubo un delito de falsedad documental con dolo directo o al menos por imprudencia.

El abogado Leopoldo Gay, que ejerce la acusación en nombre de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, destacó en su intervención ante la Sala que “hay nueve hechos indiscutibles” que deben ser juzgados.

Sostuvo que “la identidad es un valor que se hunde en el túnel del tiempo”, por lo que atribuirla erróneamente a los cuerpos “tiene trascendencia penal, al ser un engaño a terceros”. En este sentido, negó que los certificados de defunción sean correctos si ponen la fecha y la hora, aunque equivocan el nombre. A partir de ahí enumeró una serie de aspectos que podrían verse afectados como los derechos sucesorios o el relativo al material genético.

Cómo no lo supo el ministro

Gay se preguntó cómo era posible que esa ocultación no fuera transmitida al ministro de Defensa, Federico Trillo. Destacó el “calvario” vivido por los familiares de los militares que no acabó con la muerte de sus seres queridos, sino que se fue acentuado por la “sistemática negación” que recibieron desde el Ministerio, que incluso les recomendó tratamiento psiquiátrico.

El abogado Leopoldo Torres, en nombre de algunos familiares, señaló la “solemne celebración de Estado en fecha y hora inmediata” como el motivo que hizo que se identificara erróneamente a casi la mitad de los fallecidos en el Yak-42. Torres centró su intervención en el general José Antonio Beltrán —al que, a diferencia del fiscal, también acusa— del que dijo que recibió la orden de Trillo de ocuparse de las repatriaciones de los cuerpos desde Turquía.

Ningún efecto jurídico

Los abogados defensores negaron cualquier efecto jurídico a los certificados de defunción o las actas de necropsia realizadas. El letrado del general Navarro señaló que dichos documentos “no faltaron a la verdad”, mientras que el de Beltrán, aseguró que éste no tiene conocimientos médicos, y no se encargó de identificar los cuerpos. El de los oficiales Ramírez y Sáez explicó que se limitaron a describir las lesiones que presentaban.