El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se comprometió ayer a proponer al Ministerio de Justicia la creación de una oficina de atención a un grupo concreto de víctimas del franquismo, el que sufrió el robo de niños. De esta forma, estos niños o sus familiares podrán tener una vía para formalizar sus demandas y tratar de localizar a los desaparecidos.

Zaragoza se reunió ayer con miembros de la Plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, que pretenden que la Audiencia Nacional investigue sus casos. Fuentes jurídicas indicaron que el fiscal jefe les explicó las dificultades que plantea la investigación por la vía penal, por prescripción del delito, por falta de competencia de la Audiencia y hasta por las distintas circunstancias que pueden rodear cada caso.

Es decir, durante la investigación habría que determinar si el secuestro de niños se produjo por motivos ideológicos, dentro del plan sistemático que el franquismo puso en marcha contra sus opositores, o fueron fruto de algún tipo de mafia que se lucraba dando por muertos a niños para luego darlos en adopción.

Las denuncias de las personas que se entrevistaron con Zaragoza, referidas a hechos de los cincuenta, sesenta y setenta, se investigaban en el juzgado número 21 de Madrid, que el pasado 28 de octubre se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El juez Pablo Ruz, que sustituye en el número 5 a Baltasar Garzón desde que este fue suspendido, todavía no ha recibido la causa y no tiene previsto practicar diligencias, pese a que el abogado Fernando Magán, en nombre de asociaciones de víctimas del franquismo, le ha pedido varias.

Para decidir si asume el caso, Ruz contará con el informe del fiscal, contrario a la admisión a trámite. Si el magistrado decide no aceptarlo que es lo más razonable, después de que su antecesor, el primer juez que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo, se inhibiera a favor de juzgados territoriales, el juzgado número 21 de Madrid podría retomar la investigación. En caso contrario, será el Supremo el que resuelva este nuevo conflicto de competencia por la Memoria Histórica. Aún no se ha pronunciado sobre los dos anteriores, planteados por los juzgados de Granada y El Escorial (Madrid).