La Fiscalía de Sevilla acusa al ex delegado de la Consejería andaluza de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, de un delito de cohecho por pedir comisiones ilegales de 450.000 euros a dos empresarios. Lo hizo, según el escrito de acusación, de acuerdo con los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce y la coordinadora de proyectos de la Fundación Regla Pereira. Para cada uno de ellos, la Fiscalía pide una inhabilitación de 21 meses y 900.000 euros de multa, el doble de las comisiones pedidas. Éstas nunca llegaron a abonarse, porque los dos empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas Rodríguez denunciaron el caso.

La Fiscalía sostiene que Antonio Rivas, tras conocer que la Consejería de Empleo había concedido una subvención de 900.000 euros, luego paralizada, a los empresarios para que levantaran una Escuela de Hostelería en una nave de Mercasevilla, 'se puso en contacto con Fernando Mellet y de común acuerdo, con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir a los representantes del grupo Alazar una comisión de al menos 300.000 euros a cambio de que fueran ello quienes se encargaran de la explotación de la Escuela de Hostelería'. Ponce y Pereira acordaron después colaborar en la petición de subvenciones.

En una reunión, les solicitaron el dinero 'con el pretexto de que era una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía'. En el encuentro, Ponce les indicó que el grupo Alazar 'debería hacerse cargo de los gastos derivados de la instalación eléctrica, lo que suponía entregar de hecho 150.000 euros más'. En una segunda reunión, Ponce y Mellet 'insistieron en la petición' de los 450.000 euros y 'reforzaron su petición con el falso argumento de que lo pedido no era para ellos sino para colaboracón con la Junta'. Además, les prometieron que si accedían a entregar el dinero, 'el grupo Alazar obtendría luego favores tales como más subvenciones para futuros cursos, la concesión de todos catering que se organizaran...'.

El segundo encuentro fue grabado por los empresarios y luego entregado a la Junta de Andalucía, que lo llevó a la Fiscalía. Dos meses después, el caso pasó a la jueza Mercedes Alaya, que asumió una querella del PP. El escándalo del reparto presuntamente ilegal por parte de la Junta de Andalucía de 647 millones de euros en ayudas sociolaborales y la colocación de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo financiados por Empleo surgió de esta investigación.