La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito en el patrimonio del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y de su familia, que asciende a 6,5 millones de euros, según admite el propio dirigente socialista.

El teniente fiscal del alto tribunal, Juan José Martín-Casallo, que firma el decreto de archivo de las diligencias de investigación abiertas, afirma que 'lo que sería sospechoso en personas que generaran pocos ingresos, se torna en normal ante el volumen económico que produce cada cónyuge por separado' (sólo en 2008 declararon unas ganancias superiores al millón de euros).

El ministerio público afirma que el matrimonio Bono-Rodríguez, que liquidó la sociedad de gananciales en 2004, adquirió sus bienes por herencia tras el fallecimiento de los padres del presidente del Congreso y por los ingresos generados con sus actividades profesionales.

Las diligencias fiscales, archivadas el pasado día 15 aunque la decisión se hizo público ayer, se abrieron a raíz de una denuncia del PP, que menciona sus cuatro escritos previos y que 'aporta como prueba de sus insinuaciones meras fotocopias de periódicos, la mayoría de las mismas' de La Gaceta.

La denuncia de los conservadores plantea unos genéricos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública. Según la fiscalía, sólo podría haber cohecho impropio, el que castiga los regalos entregados a funcionarios públicos por su condición, que es el que de momento se imputa en el caso Gürtel al president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Pero en el caso de Bono, 'ni se ha acreditado que haya habido entrega de dádiva o regalo y, consecuentemente, tampoco que haya habido contraprestación por parte del denunciado', dice el fiscal. El decreto añade: 'No hay prueba, ni directa ni indiciaria, que permita aseverar que se han cometido los delitos a los que se alude en la denuncia, lo que se acredita a través de las correspondientes certificaciones de la Consejería de Economía de Castilla-La Mancha, en las que se manifiesta que ni la empresa Reyal Urbis ni Retiro Construcciones han sido adjudicatarias de contrato alguno'.

Las otras empresas a las que se achacaba algún tipo de connivencia con el ex presidente de Castilla-La Mancha tampoco han recibido subvención alguna, salvo dos beneficiadas por ayudas de la Política Agraria Comunitaria.

Además, la fiscalía sostiene que los 'muy altos' ingresos del matrimonio justifican su capacidad de endeudamiento, pues tiene dos hipotecas por 903.989 euros. 'No se trata, por tanto, de incrementos patrimoniales no justificados, que fueron resultado de actividades ilícitas, ni tampoco de blanqueo de capitales ilegalmente adquiridos', concluye Martín-Casallo.

Una vez dicho eso, la fiscalía se centra en 'aspectos particulares de la actividad política del denunciado que pudieran haber quedado afectados, de forma negativa y con comportamientos reprochables desde el punto de vista del derecho penal, por haber perdido la neutralidad' al tratarlos.

En cuanto a la amistad de Bono con el socio mayoritario de Reyal Urbis, Rafael Santamaría, la fiscalía señala que sólo tendría relevancia si 'hubiera servido para dar una tratamiento favorecedor a sus intereses', lo que niegan las certificaciones de la Junta.

Respecto a la urbanización Valdeluz, junto a la estación del AVE, el fiscal recuerda que fue un proyecto que partió de dos ayuntamientos gobernados por el PP, Guadalajara y Yebes. De Seseña recuerda que Anticorrupción no vio nada ni contra él o contra el ex dirigente del PP Eduardo Zaplana.