La posibilidad de que Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y amigo de Francisco Camps, sea quien acabe indagando si el PP valenciano se financió ilegalmente en combinación con la trama Gürtel ha activado todos los resortes de la Fiscalía. Si, hace un mes, Anticorrupción ya pidió al juez madrileño Antonio Pedreira que reclame la contabilidad del PP valenciano, ayer se supo que el ministerio público se opone a que el tribunal valenciano sea el que investigue la querella del PSOE sobre la financiación de la formación conservadora.

La nota difundida por el TSJCV reseña el argumento oficial del fiscal superior de Valencia: que la Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal debe declararse incompetente 'para no incurrir en una duplicidad de procedimientos'. Pero, según fuentes cercanas al Tribunal Superior de Madrid, el juez Pedreira no está investigando los hechos nucleares del informe que la Policía envió en julio al tribunal valenciano y que De la Rúa despreció de manera olímpica. Ese informe es el que sustenta la querella del PSOE valenciano sobre la financiación del PP. La querella se dirige contra el presidente de la Generalitat y otras 15 personas, entre ellas notables empresarios levantinos que pagaron facturas a Orange Market, la franquicia valenciana de la red que dirigía Francisco Correa. Según la Policía, las facturas se falsificaron para ocultar que, en realidad, se correspondían con gastos del PP.

Aunque el tribunal madrileño se aferra al hermetismo so pretexto del secreto sumarial, fuentes de la investigación admiten que la Fiscalía ha emprendido una carrera para evitar que el caso caiga otra vez en manos de De la Rúa. Al rechazar que el TSJ valenciano único autorizado para investigar a aforados valencianos admita la querella para evitar 'duplicidad', la fiscalía no hace sino redoblar sus presiones para librarse de De la Rúa.

Otras fuentes vinculadas al caso interpretan que la Fiscalía está pagando ahora las consecuencias de no haber recusado a De la Rúa cuando se constató que el presidente del TSJCV ni se planteaba abstenerse en el caso de los trajes . Y que no lo hacía pese a que, en septiembre de 2008, Camps había proclamado públicamente cuál era la relación que mediaba entre ambos: 'Tendremos recitó Camps que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat'. El PSOE podía también haber recusado a De la Rúa: no lo hizo para evitar cualquier atisbo de brecha con la Fiscalía.

El abogado José Luis Mazón, el mismo que acaba de denunciar a Aznar ante el Tribunal de Cuentas por el asunto de la Medalla del Congreso de EEUU, denunció a De la Rúa ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como era previsible en un órgano donde el sector progresista y el conservador hacen filigranas para mantener el frágil equilibrio y evitar causas de guerra, la denuncia quedó en agua de borrajas. De hecho, el Consejo ha sido incapaz de ponerse de acuerdo sobre quién debe sustituir a De la Rúa.

La consecuencia primordial de tal desencuentro es que De la Rúa seguirá decidiendo sobre el caso Gürtel si el Supremo ordena reabrir el caso de los trajes regalados por Orange Market a Camps y otros tres miembros de su equipo. Y si, pese a la oposición de la Fiscalía, admite la querella del PSOE, como ya aceptó en marzo de 2009 la petición de Garzón para que investigara el trasiego de trajes. El tribunal dio carpetazo con el singular razonamiento de que los regalos no se habían hecho porque sus destinatarios fuesen cargos públicos.