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La Fiscalía informó en contra del indulto a cuatro mossos torturadores

Torres-Dulce revela en el Congreso que el Ministerio Público se opuso a la medida de gracia concedida por el Gobierno. El fiscal general apoya restringir esta facultad de perdón del Ejecutivo

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La Fiscalía se opuso a la concesión del indulto a cuatro mossos d'Esquadra condenados por delitos de torturas, medida de gracia que otorgó el Gobierno pese a esa postura contraria del Ministerio Público.

Así lo desveló este miércoles en el Congreso de los Diputados el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que compareció ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para presentar la Memoria anual de la Fiscalía.

En relación a los indultos a los mossos condenados por torturas, Torres-Dulce ha desvelado que la fiscalía informó en contra. Es preceptivo que el Ejecutivo pida opinión al fiscal y al tribunal sentenciador antes de resolver las peticiones de indulto, aunque esos dictámenes no son vinculantes para el Gobierno.

El fiscal general ha opinado además que no le parecería mal una reforma legislativa de la figura del indulto, porque considera que la medida de gracia sólo debería aplicarse a casos judiciales que merezcan 'corrección'.

El Gobierno concedió dos indultos seguidos a estos mossos. Primero les otorgó uno para rebajar su condena a dos años y evitar su ingreso en prisión, pero la Audiencia de Barcelona les mantuvo en la cárcel. Entonces, el pasado 23 de noviembre, les indultó por segunda vez para lograr que se les conmutará la pena de cárcel por una multa.

El doble indulto concedido fue rechazado en un manifiesto por 180 jueces de toda España, que lo tacharon de 'arbitrario e ilegítimo', así como por las asociaciones Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Los cuatro mossos fueron condenados en 2008 por la Audiencia de Barcelona por propinar una paliza a un ciudadano rumano, y meterle una pistola en la boca, sin ni siquiera haberse identificado como policías. El Tribunal Supremo redujo ligeramente las condenas, aunque a tres de los agentes les mantenía penas superiores a cuatro años de cárcel.

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,  ha considerado 'imprescindible' aumentar la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción ante el 'evidente incremento de fenómenos de corrupción política, social y financiera', y ha reclamado una oficina de recuperación de activos para el reintegro de lo defraudado.

Torres-Dulce ha hecho esta petición  tras haber manifestado en declaraciones a los periodistas que el fiscal de la Audiencia Nacional 'comparte' la decisión de detener al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por delitos de corrupción en el marco de la 'operación Crucero'.

También ha anunciado que la Fiscalía Anticorrupción está investigando si alguna entidad financiera cometió 'engaño bastante' (estafa) en la emisión de participaciones preferentes, aunque no ha señalado a ninguna en concreto y ha destacado que estas investigaciones, como la de Bankia, son muy complejas por lo que se trata de que 'la complejidad de estos casos se reduzca lo máximo posible' para poder llevarlos pronto a juicio.

Por ello, la actual plantilla en Anticorrupción es 'insuficiente' tanto en número de fiscales como de integrantes de las unidades auxiliares, compuestas por policías y miembros de la agencia tributaria, todo ello a pesar de haberse visto reforzada con una adscripción temporal y un delegado de los dos que ha pedido en Madrid y del refuerzo de la estructura territorial con secciones de delitos económicos.

No obstante, en declaraciones a los periodistas ha precisado que esa falta de personal no significa que no se persigan todas las actividades ilícitas y ha asegurado que actualmente 'no se escapa' ningún delito 'ni flujo financiero' y la necesidad de incrementar la plantilla sería para hacer con mayor 'tranquilidad' las cosas y sin que se acumule tanto trabajo en una sola persona.

En la lucha contra la corrupción, ha destacado la 'activa' colaboración del Banco de España y ha señalado que también ha pedido la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, además de resaltar que la Fiscalía general está liderando la creación de una Fiscalía Europea para luchar contra el fraude en las subvenciones comunitarias.
Además ha anunciado que ha pedido al Ministerio de Justicia la creación 'urgente' de una oficina de recuperación de activos para que los condenados por delitos de corrupción o narcotráfico reintegren a la sociedad los frutos de sus delitos, en el caso de los corruptos a la Hacienda pública y en el de los narcos a las víctimas de la droga.

En su comparecencia también se ha referido a asuntos polémicos en materia de justicia como la ley de tasas. Ha anunciado que la fiscalía está estudiando la aplicación de la ley y ha considerado que podría existir 'un margen de corrección' en su cuantía para no impedir el acceso a la tutela judicial efectiva. Ha destacado que las tasas tienen 'la limitación constitucional' de que no impidan el acceso a la jurisdicción y al sistema de recursos, por lo que 'habrá que estudiar si la cuantía incide o no en esa situación como han denunciado abogados, procuradores y colectivos jueces y fiscales'.

Respecto a la lucha antiterrorista, ha admitido que por el momento no hay pruebas para instar a la ilegalización de Bildu o Amaiur, fundamentalmente por su composición como coalición y porque la presencia de alguno de sus miembros en ciertos actos públicos de la izquierda abertzale 'tiene casi imposible encaje' en la Ley de Partidos.

De la violencia género, ha lamentado que pese al 'incesante trabajo' en la represión de estas conductas no se ha logrado 'una reducción de los delitos sino muy al contrario', teniendo en cuenta el número de muertes.

'En muchos casos el reproche penal no es la única solución de los problemas', ha reconocido, al señalar que hay que trabajar más en políticas de prevención y hacer 'una autorreflexion sobre si la actuación de la Fiscalía puede mejorar'. También se ha comprometido en presentar en el Congreso el Libro Blanco de la Fiscalía sobre el mes de junio y en hacer una presentación de la Memoria de 2012 entre septiembre y octubre para evitar que quede desactualizada con el paso del tiempo.