La Fiscalía Superior de Andalucía investiga si una empresa de telemarketing, con sede en Jaén y centros en Granada y en Málaga, utilizó a discapacitados, a los que contrataba para cobrar subvenciones de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Puede que el supuesto fraude sea la punta del iceberg de un gran entramado, como sospecha CCOO, el sindicato que denunció los hechos ante el Ministerio Público.

CCOO cifró ayer en más de cien millones de euros la cantidad defraudada. Según aseguró ayer el secretario provincial de CCOO, Ricardo Flores, la empresa en cuestión, MFK, se dedicaba a contratar a discapacitados, por los que obtenía subvenciones, y los despedía antes de que acabaran incluso el periodo de pruebas y sin pagarles.

El dirigente de la organización sindical explicó que la empresa contrató a más de 200 discapacitados en el centro de Jaén y en los de Granada y Málaga, que ya han cesado su actividad. Según el sindicato, el supuesto fraude fue detectado por reiterados incumplimientos de los derechos de los trabajadores: la empresa abusaba del periodo de pruebas, despedía a los trabajadores y no les abonaba los salarios, a pesar de que estaban subvencionados en un 75% con las ayudas de la Consejería de Empleo.

CCOO denunció inicialmente los hechos ante la Inspección de Trabajo y, posteriormente, ante la Fiscalía Superior de Andalucía. El consejero de Empleo, Manuel Recio, recordó que la Inspección de Trabajo actuó y agregó que la política de su departamento es poner 'luz y taquígrafos' a las irregularidades.