La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo en la convocatoria del acto de este sábado en Durango (Bizkaia) por parte de los presos de ETA excarcelados tras el fin de la doctrina Parot, pero ha pedido al juez encargado, Santiago Pedraz, que esté vigilante ante cualquier acción que pueda ser delictiva.

Fuentes jurídicas han informado de que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha considerado que tras los informes de la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza, no hay datos objetivos de que la convocatoria constituya un acto de enaltecimiento del terrorismo.

Entre los argumentos que esgrime Alonso para llegar a esta conclusión, figura el hecho de que se celebre en un lugar cerrado, que haya sido convocado por el colectivo de presos EPPK y que haya sido un particular el que haya solicitado el alquiler del local.

El acto será a las 12.30 horas en el Kafé Antzokia (café teatro) de Durango.

Según la convocatoria, su razón es valorar el reciente comunicado del propio EPPK en el que los presos de ETA reconocían el 'sufrimiento y daño multilateral' causado y aceptaban someterse a los cauces legales para conseguir excarcelaciones de forma 'escalonada' e 'individual'.

Pedraz pidió nuevos informes a la Policía y a la Guardia Civil, después de que ya se los solicitara la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y las asociaciones denunciantes del acto, Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que reclaman la prohibición del acto por considerar que se trata de una humillación a las víctimas.

Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero [hijo del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en 2000] pidiera a la Audiencia Nacional que suspendiera el evento al considerar que los reclusos quieren hacer 'un acto conjunto' para celebrar su salida de la cárcel y para 'brindar y enaltecer el terrorismo de ETA'.

Precisamente, el juez Santiago Pedraz, de guardia esta semana en la Audiencia Nacional, ha dictado una providencia en la que pide a la Ertzaintza, a instancias de la Fiscalía, que 'con la máxima urgencia' le informe sobre el acto convocado para el próximo sábado en Durango por el Colectivo de Presos de ETA.

El magistrado tendrá que tomar ahora una decisión sobre el acto en el que participarán 63 etarras excarcelados a raíz de la derogación de la doctrina Parot.

El Gobierno, por su parte, por boca del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha tildado de 'repugnante' el acto porque si finalmente se celebra participarán personas con 'muchos crímenes y dolor a sus espaldas' que, si bien están libres, en ningún momento se han arrepentido de los crímenes, no se han desvinculado de ETA y no han perdido perdón.

El PP, a través del secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha confiado en que las fuerzas de seguridad encuentren 'pruebas contundentes' que 'eviten' su celebración.

'A nosotros nos gustaría que no se realizara, no se debe permitir un acto de homenaje de personas, de etarras, que han salido de la cárcel pero que llevan a sus espaldas un pasado de asesinato y de terror', ha dicho.

Desde el PP vasco, la parlamentaria Nerea Llanos ha pedido al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que, si finalmente se celebra el acto, esté 'vigilante' por si se registran comportamientos relacionados con el enaltecimiento del terrorismo u ofensivos para las víctimas.

La portavoz de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha opinado que el acto podría 'rozar' un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque ha dicho que corresponde a los jueces vigilarlo y analizar si incurre en delito o no.

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha señalado que el acto se ajusta a la legalidad porque los expresos han terminado su condena y son 'personas libres, con todos sus derechos civiles', aunque también ha abogado por desterrar actuaciones que 'puedan generar dolor'.

Por su parte, el portavoz de UPyD en el País Vasco, Gorka Maneiro, ha solicitado también que se prohíba el acto porque es 'un insulto inaceptable'.