Público
Público

La Fiscalía se querella contra una fundación afín a UDC por apropiación indebida

Los máximos responsables de Catalunya i Territori, próxima a Unió Democrática de Catalunya, urdieron una trama de 30 empresas

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

La Fiscalía ha presentado una querella por apropiación indebida y falsificación de documentos mercantiles contra quince personas, tres de las cuales ejercieron cargos de responsabilidad en la Fundación Catalunya i Territori, próxima a Unió Democrática de Catalunya (UDC).

Según el Fiscal, los máximos responsables de la Fundación urdieron una trama de casi una treintena de empresas, denominada en un primer eslabón 'Grupo de empresas IMS', gestionado por los principales querellados, que situaron en un segundo escalón a personas que 'carecían de una real vinculación con las empresas, actuando al modo de testaferros'.

En su escrito al Juzgado de Instrucción de Barcelona de guardia, el Fiscal presenta querella contra doce personas, entre ellas el presidente y los vocales de la Fundación Catalunya i Territori hasta el año 2007, Josep Boque, Joan Albert López Sans y Miguel Ángel Cortes, respectivamente.

Uno de los querellados es el administrador de la Constructora Pirenaica (Copisa), José Coronado Mateu, que destinó parte de los fondos de su compañía para pagar parte de la deuda de las empresas vinculadas a la Fundación.

El importe total desviado desde la Fundación hacia el grupo empresarial IMS SL alcanza la cifra de 1.786.651,46 euros, cuyo destino final se ignora, indica el fiscal en la querella.

Otro de los querellados, el administrador de la firma Kontrast Produccions, Jordi Cuevas, vinculó en su momento al diputado de UDC Josep Sánchez Llibre a esta trama, aunque la Fiscalía General del Estado archivó en marzo de este año las diligencias en relación con este político catalán.

No obstante, el fiscal indica en la querella que UDC resultaría 'inicialmente concernida' en este caso por su condición de beneficiario a título lucrativo, en el caso de que a través de la instrucción judicial se acrediten los hechos que sustenta el fiscal.