Suspensión de hasta tres años, traslado forzoso o expulsión de la carrera judicial. Es la sanción propuesta por la Fiscalía General del Estado para el juez Rafael Tirado, responsable de que Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz, estuviera en la calle cuando se cometió el crimen. El juez condenó a Del Valle a dos años y nueve meses de prisión por abusos a su propia hija, pero no ordenó ejecutar la sentencia, como corresponde a su función. “[Esta] comprende no sólo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado”, recuerda la Fiscalía.

Estos hechos son constitutivos de una infracción muy grave según el Ministerio Público, pero sólo son una falta grave según el juez instructor del expediente abierto contra Tirado, para el que pide únicamente una multa no superior a los 3.000 euros. ¿Cómo pagará Tirado el error que condujo a una desgracia evitable? La respuesta está en manos de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá adoptar una decisión el día 10.

“El fiscal constata que, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años, ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión”, alega la Fiscalía tras estudiar el escrito presentado por el propio Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, y el informe elaborado a petición del CGPJ por el magistrado instructor, Wenceslao Olea, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura.

Tras una inspección, la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó abrir un expediente a Rafael Tirado el pasado abril y consideró que la falta podía ser calificada de muy grave, como también ha propuesto la Fiscalía.

Y algo más que una simple multa es lo que espera el padre de la pequeña Mari Luz, Juan José Cortés, para quien ha supuesto “un alivio” la sanción solicitada por la Fiscalía. “Espero que finalmente se imponga la decisión del fiscal porque la otra [la del juez instructor] es un atentado contra las leyes; sería inaudito que [el juez Tirado] pagase su error con una mísera multa; quiero que se haga justicia con mi hija, que está muerta, que no se olvide, que sigue muerta”, declaró a este periódico Cortés con la Ley Orgánica del Poder Judicial aprendida al dedillo.

En reiteradas ocasiones, Cortés ha responsabilizado del “trato amable” recibido por el juez Tirado al corporativismo entre los magistrados. “A ese señor debería caérsele la cara de vergüenza, debería irse él mismo por su propia voluntad”, lamentó Cortés. La familia, junto a unas 200 personas, ya celebró el pasado julio una manifestación a las puertas de los juzgados de Sevilla tras conocerse que el CGPJ barajaba sólo una sanción económica.  

El fiscal anunció su intención de recurrir y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó su malestar: “Iremos hasta el final”, dijo. Unas declaraciones ampliamente reprobadas por el portavoz del CGPJ, Enrique López, que acusó al Gobierno de haber faltado el respeto al órgano de los jueces. “¿Falta de respeto? Los jueces no son intocables, cometen errores como cualquier ciudadano y, también como cualquier ciudadano, tienen que pagar por ellos”, zanjó Cortés.