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La fiscalía ve delitos de lesa humanidad en la actuación de Marruecos en el Aaiún

El fiscal ha pedido al juez que pregunte a Marruecos si está investigando la muerte de Hamday, paso previo a que la Audiencia se muestre competente

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El brutal desmantelamiento del campamento saharaui de El Aaiún, las detenciones y torturas y la posterior censura informativa —los periodistas eran devueltos a casa sin más explicaciones— no se olvida.

Rubalcaba se reunió con el ministró interior marroquí y 'tragó' con las explicaciones de Marruecos, obteniendo una etérea promesa de que se investigará 'cualquier dato' que España solicite sobre el asunto.

En la línea de no enfadar al vecino, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, dijo que esperaría a un 'informe independiente ' antes de mover siquiera un peón. Pues ya lo tiene sobre la mesa: Human Rights Watch acusa a Marruecos de torturar a los detenidos.

Y ahora se une a la demanda para conocer la verdad la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ve indicios de delitos de lesa humanidad en la actuación de las autoridades marroquíes en el asalto al campamento Gdeym Izik de El Aaiún y los posteriores incidentes en la ciudad, por lo que pide preguntar al país magrebí si está investigando ya los hechos.

El departamento dirigido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, hace esta apreciación en un informe dirigido al juez Ismael Moreno y elaborado sobre la pertinencia de admitir a trámite las querellas presentadas por la muerte del saharauí con pasaporte español Baby Hamday Buyema.

Las querellas acusan a tres ministros marroquíes por su responsabilidad en el asalto Las dos querellas , interpuestas por el hermano de Buyema y la Liga Española pro Derechos Humanos, acusan a tres ministros marroquíes de crímenes de lesa humanidad y homicidio por su presunta responsabilidad en el asalto al campamento Gdeym Izik y en la muerte del ciudadano de pasaporte español.

El Ministerio Público señala que, 'con carácter provisional y sin perjuicio de una mayor concreción en el futuro', los hechos denunciados 'podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad'.

En este sentido, indica que las querella, aunque 'de forma genérica y un tanto imprecisa' describe 'violaciones de los derechos humanos' como 'asesinatos, torturas, lesiones, detenciones ilegales, todo en el marco de la actuación por parte de las fuerzas marroquíes para reprimir la protesta pacífica de los habitantes del poblado'.

El escrito, firmado por el fiscal Pedro Martínez, destaca que estas actuaciones policiales, 'sin perjuicio de una ulterior información más completa', se dirigieron 'contra un colectivo muy determinado que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico' y su objetivo fue únicamente el de 'suprimir el asentamiento de Gdeim Izik'.

Aún así, el fiscal Martínez pide al juez Moreno que curse una comisión rogatoria a Marruecos para determinar si ese país está investigando los hechos. La competencia de la Audiencia Nacional para los crímenes cometidos contra españoles en el extranjero es subsidiaria, es decir, está supeditada a que en el país en el que se produjeron los hechos no se esté llevando a cabo ya una investigación real y efectiva.

La competencia de la Audiencia está supeditada a que en el país en el que se produjeron los hechos los investigue 'Parece obvio que la propia legislación interna española está reconociendo manifiestamente el carácter preferente de las jurisdiciones del lugar de comisión del delito', señala el escrito.

El fiscal Martínez señala que en el caso se dan los requisitos para que España pueda investigar los hechos, incluso tras la limitación de la jurisdicción universal. En este sentido, señala que existe al menos una víctima de nacionalidad española, por lo que 'concurre el elemento de conexión con un interés nacional'.

Indica además que 'en principio no es descartable la existencia de otras víctimas de nacionalidad española sobre todo si atendemos a la especial relación del pueblo saharaui con la nación española y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas.

La Fiscalía también señala que se da el requisito de 'conexión relevante con España' exigidos por la actual legislación para investigar los hechos ya que 'los lazos con la comunidad saharaui son evidentes'. Destaca también que, más allá de la condición de antiguo territorio colonial, existen 'vínculos lingüísticos y culturales' entre España y el Sahara Occidental que tienen 'su reflejo en la legislación española' así como que la ONU considera a nuestro país potencia administradora del territorio'.