“Viva España. Tengo el honor de permitir a VS el adjunto recibo correspondiente a la entrega efectuada en el Ayuntamiento de esta ciudad de la cantidad de doscientas treinta y siete mil setecientas quince pesetas en papel moneda puesta en circulación por el enemigo y que fueron ocupadas a Joaquín Hidalgo Santos, alcalde que fue de esa durante la rebeldía, al ser detenido y que recientemente fue trasladado a la cárcel de esa localidad a disposición de VS. Dios guarde a VS muchos años y a España siempre”.

Es un documento de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, fechado el 27 de julio 1939, que certifica uno de los innumerables robos, expolios, incautaciones y expropiaciones que cometieron los golpistas durante la guerra y la dictadura. El archivo ha sido enviado por Julio Recuero Casado al grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A, que pretende ahora airear y denunciar estas prácticas, a las que el Estado sigue haciendo oídos sordos, mediante un nuevo trabajo: el Proyecto Rapiña. “Lo que queremos es abrir el debate, que se aborden estos robos como se hizo con la apertura de las fosas, aunque también comprendemos la presión existentes sobre los ‘expertos’ o aquellos que tienen información para no dar un paso adelante. Atreverse, en definitiva”, explica Cecilio Gordillo, coordinador del grupo.

El proyecto, cuyo objetivo es remover conciencias para conseguir la reparación de las miles de familias que se vieron perjudicadas, se materializará en un monográfico sobre todas estas prácticas puestas en marcha desde el primer día del golpe de Estado. El grupo ya ha comenzado a contactar con investigadores, historiadores, asociaciones memoralistas, particulares... que puedan aportar casos y documentos de esta otra forma de represión de la que sólo han sido resarcidos partidos y sindicatos. La Ley de Memoria Histórica tampoco abordó este asunto.

Múltiples pérdidas

La rapiña se vistió de múltiples formas: robo de dinero, casas, animales –indispensables para vivir–, incautaciones de periódicos –cuyos recursos sirvieron a la prensa del Movimiento–, apropiaciones de bienes mostrencos –que no pertenecían a nadie–, las multas a los fusilados impuestas por los tribunales de responsabilidad política... “Las plusvalías del trabajo esclavo en las obras que los organismos franquistas realizaban también eran una forma de rapiña; o las apropiaciones simbólicas, como el saqueo del cuerpo y el alma de la mujer; los sumarios están llenos de ejemplos donde a la mujer que participa en política se la pone de prostituta para arriba”, añade el historiador José Luis Gutiérrez, que forma parte del equipo de trabajo.

El estudio tendrá también un capítulo centrado en el Estado como principial beneficiario de los saqueos y el entramado jurídico franquista para “normalizar” las incautaciones. “Esperemos que no tengan que venir desde fuera, desde Argentina, con una orden judicial o haya que denunciar a los tribunales internacionales”, añade Gutiérrez. El equipo, encabezado por Antonio Miguel Bernal, está compuesto, además, por el historiador Fernando Romero, el geógrafo Gonzalo Acosta y Cecilio Gordillo.

Un error que acabó en devolución

Los golpistas también se equivocaron en sus saqueos y lo dejaron por escrito. Éste en un extracto de un documento aportado por José Luis Gutiérrez: “Al ocupar el pueblo de Santa Amelia (...) corrió entre la tropa el rumor de que los dueños de la casa (...)  eran rojos fugados del campo enemigo (...) La tropa entró apoderándose de diversos objetos (...)”. Le fueron devueltos a la hija de los dueños después de reclamar y comprobar que eran “personas de orden”, añade el archivo, de 9 de abril de 1937. Los del campo enemigo no podían reclamar.