El Consejo Constitucional francés va a examinar la legalidad de los artículos del Código Civil que prohíben el matrimonio homosexual en el país vecino. La decisión anunciada ayer, en un terreno muy sensible para la actual mayoría conservadora, fue adoptada después de que un tribunal local, el Tribunal de Gran Instancia de Reims, al este de París, elevara una 'cuestión prioritaria de constitucionalidad', suscitando el problema jurídico.

Analizando el caso, que fue tramitado y llevado ante el Consejo Constitucional por la máxima instancia judicial francesa, la Corte de Casación, esos jueces supremos estimaron en su dictamen que la cuestión de la boda entre personas del mismo sexo es una cuestión 'seria'.

El dictamen del Constitucional reza que el matrimonio gay 'es objeto hoy de un amplio debate en la sociedad, especialmente en razón de la evolución de las costumbres y del reconocimiento de tales matrimonios en varios países extranjeros'. La chispa que permitió ese trámite jurídico un bombazo en Francia fue la denuncia presentada por una pareja gay de Reims, que desea poder oficializar su unión, sabiendo que los alcaldes que ofician las bodas civiles en este país no podrán hacerlo, por imposición de la ley.

Pero, efectivamente, el debate es mucho más amplio que ese caso. La alcaldesa socialista de Montpellier (sur), Hélène Mandroux, lanzó hace un año el Llamamiento de Montpellier en favor de la boda homosexual, y recientemente escribió al presidente Nicolas Sarkozy para pedirle valentía en este tema.

Mandroux denunció que, si bien los homosexuales pueden oficializar un hogar con la unión libre o con el llamado PACS (pacto civil de solidaridad), no pueden acceder al matrimonio.

En 2007, la Corte de Casación había fallado contra el diputado verde y alcalde de Bègles, Noel Mamère, que en 2004 se había saltado deliberadamente la legislación para oficilializar una boda entre dos personas del mismo sexo.