El principal imputado en el caso Gürtel, Francisco Correa, ha reiterado al instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, su petición de libertad con medidas de control, como las pulseras telemáticas, que ya se han aplicado a algunos condenados por delitos de terrorismo.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Correa, José Antonio Choclán, recuerda al juez que ese tipo de medidas se aplican a condenados por delitos más graves, y aporta como ejemplo una noticia aparecida el 11 de junio de 2011 en El Mundo, según la cual siete etarras fueron excarcelados para ser controlados únicamente por este dispositivo.

Y aunque el abogado de Correa insiste en decir al juez que la pulsera telemática es 'una medida desproporcionada para quien ya lleva en prisión más de dos años y siete meses y no ha sido enjuiciado', argumenta que se trata de una medida 'menos gravosa que la prisión'.

Además de urgir a Pedreira a no demorar por más tiempo la privación de libertad para Correa, su abogado asegura que el uso de la pulsera telemática es 'absolutamente viable' desde un punto de vista técnico y que evita 'cualquier eventual riesgo de fuga'. Correa 'se encontrará a disposición de la Justicia cuando sea requerido para ello', añade el escrito.

El control telemático no serviría para evitar la fuga del país por parte de Correa

La semana pasada, Pedreira solicitó a la Policía y a la Guardia Civil que le informasen sobre la 'garantía de fiabilidad' de las medidas de control electrónico que el TSJM sugirió como alternativa a la prisión para Francisco Correa.

Sin embargo, como informó Público, este sistema no serviría para evitar la fuga del país por parte de Correa, que se movería con libertad por el territorio nacional, según fuentes policiales, sin garantía de que no terminará cruzando la frontera.

Además, ni Policía, ni Guardia Civil cuentan con la tecnología de Instituciones Penitenciarias, que dejaría de controlar al presunto cabecilla del caso Gürtel en el momento en que abandonara la cárcel, ya que se trata de un preso a la espera de juicio y no de uno condenado. 

Pedreira solicitó esos informes después de que la Sala Civil y Penal del TSJM anulara la fianza de 15 millones de euros que había impuesto a Correa como condición para ser excarcelado y sugiriera que le dejara en libertad con medidas de control electrónico.