La oscura relación entre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), su fundación, empresas que les prestaban servicios y el Palau de la Música protagonizó ayer la sesión de la comisión parlamentaria que investiga un supuesto caso de financiación irregular.

Distintos responsables de la fundación Ramon Trias Fargas, hoy conocida como CatDem, desfilaron por el Parlament sin poder justificar los 630.554 euros que cobraron del Palau a través de convenios que Fèlix Millet les concedió irregularmente. Ese dinero, que la fundación ya se comprometió a devolver, correspondía teóricamente a actividades de promoción de la cultura y de la música catalanas.

La relación entre ambas entidades duró 10 años y, según expuso el presidente de CatDem y ex conseller de Cultura de la Generalitat, Joaquim Ferrer, era 'lógica' porque ambas tenían 'idénticos objetivos' y compartían su 'profunda catalanidad'. 'Me extraña que haya gente que lo encuentre extraño, no es nada más que la colaboración entre dos entidades, una especializada en el canto coral y otra que tenía una buena experiencia en la realización de actos públicos culturales', explicó.

Ferrer manifestó que la Trias Fargas empleó todo el dinero recibido del Palau en actividades de carácter cultural y no desvió 'ni un céntimo' a Convergència, si bien los diputados del tripartito, PPC y C's le afearon que en las memorias de la entidad apenas constan actos organizados con las donaciones del Palau.

El diputado de ICV-EUiA Lluís Postigo destacó que 'ninguno de los convenios se cumplió', como lo demuestra el hecho de que si 'se cogen las memorias de la Fundación, en ningún lugar aparecen estos actos'. El director de la Trias Fargas entre 2004 y 2007, Antoni Vives, explicó en este sentido que no se reportaban las actividades fruto de estos acuerdos porque, al no ser subvencionadas con fondos públicos, no era obligatorio. Vives se refirió, en este sentido, a 'centenares de actividades musicales' para justificar las sumas y reconoció repetidas veces que no se cumplían al detalle los objetivos señalados en los convenios.

En una nueva jornada de tensión y reproches constantes de CiU a la comisión ayer la tildaron de caza de brujas compareció también el administrador de la fundación y tesorero de CDC, Daniel Osàcar, que negó ser el 'Daniel', a quien en la documentación incautada en el Palau se atribuía el cobro de cuatro millones entre 2003 y 2008. Esas sumas proceden, según el Tripartito, de pagos que realizaba Ferrovial al Palau como compensación a la concesión de obra pública de los gobiernos de CiU. 'Todo lo que Millet y Montull decían era falso, y ahora salen notas con incoherencias horrorosas y las convierten en una biblia', lamentó el tesorero.