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Galicia decide cobrar por el uso "irresponsable" de la sanidad

Un decreto de la Xunta establece que los pacientes que utilicen mal los servicios médicos podrán ser sancionados

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Los pacientes que hagan un 'uso irresponsable' de la sanidad gallega tendrán que pagar. Así lo establece el nuevo decreto, en vigor desde ayer, por el que la Xunta de Galicia (PP) fija las tarifas actualizadas de los servicios sanitarios prestados por el Sergas. Mientras los socialistas se preguntan quién se va a erigir en juez para determinar dónde empieza el mal uso de los servicios sanitarios, colectivos en defensa de la sanidad pública avisan de que la medida supone un primer paso hacia el pago de la sanidad pública por parte de los usuarios, que ya lo hacen a través de los impuestos.

Pese a la falta de concisión de la norma, de lo que no hay duda es de que permite multar a cualquier usuario que 'no comunique al sistema sanitario, con la mayor brevedad posible, que no usará, por cualquier causa, un servicio programado'. Además, habrá de correr con los gastos el paciente que incurra en fraude por utilizar la receta farmacéutica de un jubilado o por estar asegurado en una mutua, con derecho a optar entre una entidad privada o sanidad pública, y pese a decantarse por la privada, haga uso regularmente de los servicios públicos. También es de aplicación a aquellas personas que 'acudan a un centro de salud y dañen el mobiliario y se produzcan lesiones que tengan que ser tratadas en el sistema público', según puntualizó la Consellería de Sanidade en un comunicado.

Colectivos de usuarios avisan que supone un primer paso hacia el copago'

Desde las filas socialistas, su portavoz parlamentario, Abel Losada, alertó ayer de que este tipo de decisiones evidencian que la sanidad pública en Galicia 'está seriamente amenazada'. El PSdeG ha registrado varias iniciativas en la Cámara autonómica para conocer 'el alcance' del nuevo decreto ante el temor de que la decisión de la Xunta sea 'el aperitivo' de lo que el candidato Mariano Rajoy hará en el conjunto de España, si gana las elecciones. 'El concepto del mal uso de la sanidad es técnicamente peligroso', reprobó Losada. La portavoz de sanidad del PSdeG, Carmen Acuña, acusó a Feijóo de haber empezado ya a aplicar el copago y le emplazó a aclarar 'quién va a ser el juez que decida sobre el mal uso de la sanidad pública en Galicia'.

En esta misma línea, el diputado del Bloque, Carlos Aymerich, acusó al presidente autonómico de aprovechar su paso por la Xunta para 'poner trabas a los que más lo necesitan' en el acceso a la sanidad pública. Frente a las críticas, el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, negó rotundamente que el decreto suponga el inicio del copago sanitario y defendió que el objetivo es únicamente 'sancionar' a aquellas personas que hagan un uso 'indebido' de la sanidad pública.

Los que falten a una cita médica y no lo comuniquen tendrán que pagar

El desmentido de los conservadores no ha servido para acallar las críticas de la plataforma en Defensa da Sanidade Pública, que reclama al PP que rectifique 'su estrategia de recorte de derechos sanitarios a los más desfavorecidos'. 'Estamos ante un paso más en el intento de introducir el copago por la puerta de atrás, vulnerando la Ley General de Sanidad y el derecho de los ciudadanos a una asistencia pública', señaló el portavoz del colectivo, Manuel Martín.

También desde el sindicato CCOO han pedido explicaciones al Ejecutivo autonómico por una decisión motivada, en su opinión, 'por un afán recaudatorio y privatizador'. 'Lo que debe hacer la Consellería de Sanidade es mejorar los servicios e informar adecuadamente a los usuarios', apuntó la responsable sindical Lola González. '¿Dónde se recogen los supuestos usos irresponsables? Si un paciente va a urgencias sin antes ir al médico de familia, ¿deberá pagar por ello? O si el usuario al que le cambian por enésima vez una cita con el traumatólogo, después de dos años en la lista de espera y se olvida de la cita o no comunica que no puede acudir, ¿tendrá que pagar una multa con intereses de demora? Y si una persona mayor acude muchas veces al centro de salud, qué sucede?', se preguntó González.

Los socialistas se preguntan quién va a decidir lo que está bien o mal

Pese a las críticas, la Consellería de Sanidad trata de restar importancia al decreto publicado el martes pasado en el Diario Oficial de Galicia al argumentar que está amparado por la Ley de Salud de Galicia, del año 2008 y aprobada por el bipartido (PSdeG-BNG). 'No supone ninguna novedad legislativa', dice la Consellería.

Pero los conservadores omiten mencionar que si bien esa normativa de 2008 hacía un relato pormenorizado de los llamados 'deberes sanitarios', en ningún momento incluye la posibilidad de penalizar con una multa su incumplimiento. Sanidade califica además de 'sorprendente' que los contrarios al nuevo decreto manifiesten su apoyo 'al uso irregular de la sanidad pública'.

No es la primera vez que el Gobierno de Feijóo introduce una medida controvertida en sanidad. A principios de este año puso en marcha el llamado catálogo priorizado de productos farmacéuticos, con el objetivo de 'reducir el gasto farmacéutico'. Para ello, la Consellería elaboró una lista de fármacos para las enfermedades más comunes, de modo que los médicos que recetaran productos más caros debían justificarlo ante la inspección. La decisión enfrentó a la Xunta con el Ministerio de Sanidad y el Tribunal Constitucional llegó a suspender el conocido como catálogo del medicamento.

Más recientemente, la Consellería anunció otra medida polémica; en lo sucesivo, la renovación de la tradicional tarjeta sanitaria tendría un precio fijo de 10,5 euros (hasta ahora su expedición era totalmente gratuita). Poco después introdujo la obligación de que todos los pacientes en lista de espera para ser intervenidos quirúrgicamente debían llevar empadronados en Galicia al menos 183 días. La Xunta aduce que no es la única, que otras comunidades autónomas también han aprobado una orden para dar respuesta a la 'problemática derivada del uso fraudulento del sistema sanitario'.