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Gallardón desautoriza a Cifuentes

El ministro de Justicia secunda las declaraciones de Interior y recalca que el Gobierno no tiene "ninguna intención" de modular el derecho de manifestación

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Otro revés para Cristina Cifuentes. La delegada del Gobierno en Madrid planteó hace una semana 'modular' el derecho de manifestación tras las concentraciones en la plaza de Neptuno del 25-S convocadas bajo el lema Rodea el Congreso. Y desde entonces, todo lo que ha recibido son bofetadas por parte del Ejecutivo al que representa en la Comunidad. El ministro del Interior ya dijo que no se planteaba modificar el derecho –ayer lo repitió en la Cámara alta otra vez– y hoy la volvió a desautorizar el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. 

'Ayer se pronunció en el Senado el ministro del Interior y ayer manifestó, y yo con él, que el Gobierno no tiene ninguna intención de limitar el libre ejercicio del derecho de manifestación tal y como está recogido en el artículo 21 de la Constitución'. Diáfano, claro como el agua respondió Gallardón al diputado del PNV Emilio Olabarria, que insistió en que el derecho de expresión no admite 'vulneraciones', sino que se debe interpretar de forma 'expansiva'.

'Es lógico, y así lo establece el Tribunal Constitucional, que el derecho se desarrolle de forma pacífica sin que suponga daño a otros derechos', recogió el ministro de Justicia, aludiendo a que se debe preservar la 'seguridad', para lo que el Gobierno debe disponer de 'medios proporcionados, que permitan a hacer frente a los que se esconden de la legítima protesta para vulnerar ese derecho'. Gallardón, para zaherir, al PNV, se remitió entonces a una resolución de la Mesa del Parlamento vasco, cuando lo presidía Juan María Atutxa, en los tiempos en los que ocupaba la Lehendakaritza Juan José Ibarretxe.

'Ningún derecho fundamental es absoluto –decía la Mesa–, sino que tiene que ser cohonestado y ponderado con otros derechos, valores y derechos constitucionales igualmente respetables y dignos de consideración y defensa. En este sentido, la constricción del derecho de manifestación que con estas medidas se produce supone una limitación proporcionada, razonable y necesaria para preservar el correcto funcionamiento del Parlamento'. Entre las 'medidas' establecidas en aquel año figuraba el establecimiento de un 'perímetro de seguridad' en torno a la Cámara. Ello ocurría, según precisaron después fuentes de Justicia, el 19 de diciembre de 2001, con motivo de unas manifestaciones abertzales en los alrededores de la Cámara de Vitoria.

Justificación que Gallardón utilizó para resaltar la legalidad del blindaje del Congreso durante el 25-S. '¿Por qué la protección constitucional que defiende el PNV para el Parlamento vasco no la apoya para el Parlamento español?', inquirió el ministro a Olabarria, que ya había agotado su tiempo de intervención.

Ayer martes, el director general de la Policía sí dio alguna pista de una cierta modificación del derecho de manifestación. Según declaró en una entrevista en ABC Punto Radio, y recogida por Europa Press, Ignacio Cosidó, el Gobierno está estudiando que el Código Penal contemple como delito manifestarse con el rostro cubierto o 'con materiales absolutamente inapropiados', una medida que, ha dicho, pretende frenar a los 'grupos absolutamente minoritarios' que ejercen la violencia 'especialmente contra la Policía'. 'Cualquier reforma' de la ley que persiga la violencia en las concentraciones, dijo, 'será más que bienvenida'. 

Cosidó defendió el 'difícil equilibro' de la Policía entre el derecho a manifestarse y la libertad de movimiento, 'garantizando siempre la seguridad', en grandes concentraciones como la celebrada en Madrid el pasado 25-S. 'En las manifestaciones que hemos visto últimamente hay un buen número de ciudadanos que se manifiestan pacíficamente, y tienen todo el derecho a hacerlo', argumentó el director general, 'pero también hay grupos absolutamente minoritarios que muchas veces aprovechan para ejercer una violencia, especialmente contra la Policía, que resulta absolutamente inadmisible'.